El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) advirtió del riesgo que suponen para el presupuesto de la Unión Europea el aumento «significativo» de sus costes de financiación en el mercado por la subida de tasas de interés y su mayor exposición a la guerra rusa en Ucrania por las ayudas a este país.
Así lo refleja en su auditoría del presupuesto comunitario para 2022, en la que ha dado el beneplácito a los ingresos, pero emitido una opinión desfavorable sobre el gasto tras constatar que un 4,2 % del mismo estaba afectado por errores, por encima del 3 % del año previo.
En un comunicado, la Comisión toma nota de las «reservas» del TCE sobre el gasto, pero dice acoger «con satisfacción» que los auditores hayan dado «un certificado de buena salud, por decimosexto año consecutivo» al presupuesto de la UE.
El Tribunal destaca entre los «riesgos y desafíos» para el presupuesto, el aumento del endeudamiento de la UE, que pasó de 236.700 millones de euros en 2021 (unos 248.732 millones de dólares) a 344.300 millones de euros en 2022 (unos 361.801 millones de dólares), sobre todo por la emisión de 96.900 millones de euros (unos 101.826 millones de dólares) en deuda para financiar el Fondo de Recuperación y Resiliencia poscovid.
Y señalan que el coste de esta financiación aumentó «significativamente», en un contexto de subidas de los tipos de interés por parte de los bancos centrales para paliar el incremento de la inflación, que en 2022 llegó al 10,6 % en la eurozona.
De todo el empréstito de la UE – que financia también el mecanismo SURE contra el paro y la ayuda macrofinanciera a Ucrania, entre otras herramientas – el único que entrañaba un riesgo por los tipos de interés era el fondo de recuperación, ya que el coste de la deuda emitida por la Comisión Europea para financiarlo pasó del 0,14 % en el segundo semestre de 2021 al 2,6 % en el mismo periodo de 2022, según los auditores.
Dado que la mayoría de emisiones de deuda de la UE se realizan con el respaldo del presupuesto comunitario, incluidas las del fondo de recuperación, la exposición ante posibles pérdidas aumentó el año pasado hasta los 248.300 millones de euros y, en particular, la exposición a Ucrania se duplicó hasta los 16.000 millones.
Si en 2021 y 2022 la ayuda a Kiev se captó sobre todo con garantías de los Estados miembros, para 2023 se acordó un nuevo paquete de 18.000 millones que Bruselas buscará en el mercado con el aval del presupuesto comunitario, lo que «aumenta los riesgos financieros para futuros presupuestos de la UE» que tendrán que cubrir «cualquier pérdida conexa» con estas ayudas, según advierten los auditores.
«No podemos sencillamente seguir tomando dinero prestado sin tener un plan de cómo vamos a devolverlo», dijo en una rueda de prensa el presidente del Tribunal de Cuentas, Tony Murphy, quien recordó que los Gobiernos aún no han pactado un paquete de nuevos recursos que vayan directamente al presupuesto de la UE para reembolsar la deuda y sus crecientes intereses.
La Comisión calcula que el coste de los intereses de la deuda solo para el fondo de recuperación se ha triplicado, hasta 34.000 millones de euros frente a los 15.000 millones presupuestados inicialmente hasta 2026.
Más allá de estas advertencias, la evaluación del gasto en 2022 por parte del Tribunal reveló que un 4,2 % no se ejecutó conforme a las normas e identificó catorce casos de presunto fraude que notificaron a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, que ha iniciado dos investigaciones.
Además, los auditores emitieron una opinión «con reservas» sobre los 46.900 millones de euros desembolsados del Fondo de Recuperación y Resiliencia, ya que detectaron errores en seis de los trece pagos efectuados en 2022 y que no se cumplieron satisfactoriamente 15 de los 281 hitos y objetivos que debían acometer los países que recibieron fondos.
Detectaron además riesgos en el diseño de algunos de los objetivos, en la fiabilidad de la información proporcionada por los Estados beneficiarios y, tal como ya señalaron en un informe en marzo, en las evaluaciones previas y controles posteriores que lleva a cabo la Comisión para verificar que no se revierten los objetivos cumplidos.
2001