La Audiencia Nacional ha dado luz verde a la extradición de Adrián Velásquez, exguardaespaldas del expresidente de Venezuela Hugo Chávez, a Estados Unidos, donde se le reclama por un supuesto delito de blanqueo de capitales, que él niega haber cometido.
La sección segunda de lo Penal ha aprobado su extradición unas semanas después de que otra sección de la Audiencia hiciese lo mismo respecto a su mujer, la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, reclamada también por Estados Unidos por haber favorecido presuntamente al empresario Raúl Gorrín en una trama de cambio de moneda extranjera que le reportó a éste ganancias de cientos de millones de dólares.
En el auto en el que avala la entrega de Velásquez, el tribunal considera que los hechos por los que ambos están acusados constituyen, según la legislación de Estados Unidos, delitos de asociación delictiva para cometer lavado de dinero y lavado de instrumentos monetarios, lo que en España equivaldría a delitos de blanqueo de capitales cometidos en el seno de una organización criminal, pertenencia a organización criminal y cohecho.
Según la solicitud de extradición del Tribunal de Distrito Sur de Florida, desde 2008 hasta 2017 o alrededor de dichas fechas, el empresario Gorrín, y el matrimonio participaron en una estratagema corrupta en relación con el cambio de moneda extranjera efectuado para el gobierno venezolano.
Las autoridades sospechan que Gorrín pagó cientos de millones de dólares en sobornos para asegurarse el derecho de participar en más de mil millones en moneda de los Estados Unidos, en transacciones de cambio de moneda extranjera, que le reportaron ganancias de cientos de millones de dólares.
A partir de 2011, prosigue el escrito, Gorrín ofreció, prometió, autorizó y pagó sobornos a la entonces tesorera, incluso a través d su marido, para influir en ella con el fin de que el empresario efectuase cambios de moneda extranjera para el gobierno venezolano.
Además de los sobornos pagados a través de transferencias electrónicas a beneficio del matrimonio, explica la solicitud de extradición americana, Gorrín también compró y pagó gastos relacionados con aviones privados, yates, mansiones, caballos, relojes y una marca de diseñador de modas en el Distrito Sur de Texas a beneficio de ambos.
La Audiencia considera que se cumplen los requisitos para aprobar la extradición, como que los hechos sean delito en ambos países, que estén castigados con más de un año de prisión y que no estén prescritos.
Respecto a la nacionalidad del reclamado, concedida el 20 de abril de este año, no consta que fuera adquirida mediante un fraude, pero aclara que es potestad del tribunal acceder a la entrega y señala diversas resoluciones de la Audiencia en las que se accedió a extraditar a nacionales a terceros países.
A la alegación de su defensa de que ya se investigaba a Velásquez en España, la Sala responde que los hechos por los que se le reclama se remontan más allá de una causa que se sigue en un juzgado de Madrid por el envío de remesas de capitales de Suiza a España, y sostiene que se trata de «cadenas delictivas desarrolladas en distintos países y referidas a objetos distintos o si quiere a delitos distintos a los que se refiere la petición extradicional».
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