En los dos meses que lleva recluido Carlos Mujica en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, en al menos tres ocasiones los médicos han considerado su alta médica. Mujica fue ingresado en junio pasado luego de un aparatoso accidente de tránsito que comprometió algunos de sus órganos. Con la urgencia del caso, fue operado para detener un derrame interno y corregir algunas fracturas en sus piernas.
«El proceso de recuperación es muy lento y aún requiero otra intervención», afirmó el paciente, quien pidió no identificar el servicio donde permanece recluido por temor a que lo «echen a la calle».
La falta de insumos básicos, material quirúrgico y, en algunos casos, reactivos para procesar exámenes especializados, ha superado la capacidad de atención de ese hospital que suma 1.100 camas y que depende del Ministerio de la Defensa, que hasta hace unos meses resultó ileso de la crisis sanitaria que atraviesa el país.
Algunos médicos y enfermeras del recinto aseguraron que hasta finales del año pasado trabajaron sin mayores problemas, en lo que a insumos respecta. Sin embargo, señalan que en lo que va de 2014 han enfrentado importantes fallas, que los han obligado a limitar la atención a civiles. Una orden que no ha sido oficializada, pero que en la práctica es acatada por el personal de admisión, enfermeras y médicos.
Las cifras de personas atendidas rinden cuenta de ello. Solo el 4 de junio de este año el Hospital Militar admitió a un total de 60 personas, que debían ser hospitalizadas por afecciones importantes. El martes 12 de agosto, el centro asistencial solo aceptó a 18 pacientes. Hasta ayer en la tarde, el centro asistencial solo había admitido a dos enfermos que requerían cuidados especiales, uno de ellos civil y otro militar. Así lo confirman los libros de admisión. Ello supone 94% de disminución en la cantidad de pacientes admitidos en los últimos dos días, con respecto al 4 de junio.
En el hospital Militar 90% de los pacientes atendidos son civiles, personas no afiliadas al servicio, lo que supone un descontento de parte de los militares, quienes subsidian los gastos de atención. Desde el pasado 17 de julio el centro está bajo la tutela de la contralmirante Elsa Gutiérrez, quien solo tiene formación militar.
«Estamos dando prioridad a los afiliados porque hay un desfase en la atención. Hay muy pocos recursos y hay que saber administrarlos para los militares», argumentó una enfermera que pidió resguardar su identidad. El personal de salud desconoce si las restricciones a la población civil se trata de una medida definitiva o una decisión temporal mientras la nueva administración resuelve la coyuntura.
La situación también salpica al servicio de Emergencia Pediátrica que en días ordinarios atiende hasta 25 casos. El personal de salud advierte que desde hace un mes la atención está limitada para los pacientes no afiliados. El servicio dispone de siete camas pero solo tres están ocupadas, según declararon fuentes. En ese servicio la falta de inyectadoras es una constante.
Aunque se intentó conocer la versión oficial no fue posible conversar con la contralmiranta Elsa Gutiérrez Graffe, actual directora del Militar, a pesar de que el reportero de El Universal estuvo esperándola varias horas.
Pedro Aparicio, de El Valle, relató en el Servicio de Gastroenterología que su esposa debió llevar guantes, inyectadoras y hasta la anestesia para practicarse una endoscopia, como parte de los estudios exploratorios.
El centro que fungía como desahogo para la red hospitalaria del Ministerio de Salud, ahora se apoya en sanatorios como el Pérez Carreño, adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, para redireccionar a los pacientes rechazados.
Perdieron la cita
María Ramírez, quien dijo aguardar desde el mes de enero por una consulta de neurología, reiteró que no fue atendida por falta de insumos. «Me dijeron que yo no padecía nada grave y que solo están atendiendo a los afiliados». Quienes aguardan desde principio de año por un examen denuncian la misma problemática, pues indican que los laboratorios del hospital están en cierre técnico. Más de 600 personas se encuentran en esa situación.
La restricción de alimentos a los pacientes recluidos en el área de emergencia la semana pasada fue objeto de molestia para algunos. La presión y el reclamo de los familiares obligaron a reanudar el servicio.
JULIO MATERANO
EL UNIVERSAL
