Los Teques. Los ataques de las bandas organizadas en Venezuela ya no sólo es contra policías de forma individual para robarles el armamento y aumentar su parque bélico, sino que escalaron a un nivel superior y lo están ejecutando contra sedes de organismos que participan en los Operativos de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), como el Cicpc y los cuerpos policiales nacionales, regionales y municipales.
Estos ataques han sido noticia en los Altos Mirandinos, donde durante la madrugada del pasado domingo la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ubicada en La Macarena fue tiroteada a manos de motorizados. Horas antes, efectivos de Poliguaicaipuro frustraron un ataque con una granada que pretendían lanzar a la comandancia general ubicada en la avenida Bicentenario de la capital mirandina y en abril la comandancia de Polisalias sufría un segundo ataque a tiros.
Aunque es un fenómeno nuevo, se observa un crecimiento vertiginoso sobre todo en los lugares donde el gobierno implementa la OLP y cuya consecuencia es el desmantelamiento de bandas armadas que ejercían el control territorial para la venta de droga, secuestros y “vacunas” a comerciantes.
A juicio del polólogo Sergio Graffe, esta arremetida tiene varias lecturas inscritas en el cuadro general de inseguridad que vive el país debido a los actuales niveles de impunidad con la que actúa la delincuencia organizada, “pero la que tiene el mayor consenso de los profesionales que estudian la materia es que se trata de una reacción ante los estragos que causa la OLP a las bandas, y que además, cada ataque se presenta en ese submundo como un trofeo que genera mérito y le gana prestigio entre los delincuentes porque las armas robadas o las muertes ocasionadas forman parte del prontuario de cada agrupación y con lo cual se adueñan de mayores territorios y les da más poder comparativo”.
A juicio de Graffe, la OLP es una medida que pudiera ser más efectiva si considerara mecanismos alternativos de protección tanto a los habitantes de las zonas donde se ejecutan y a las sedes de los cuerpos policiales que participan en esos operativos, “pero tienen mucha crítica porque abandonan esos territorios una vez que son peinados y no toman en cuenta la reacción de las bandas afectadas; además, en el Ministerio Público ya tienen varias denuncias sobre la supuesta violación de derechos humanos a inocentes que no tienen relación con los delincuentes”.
La visión es ampliada por efectivos consultados de Polimiranda, quienes señalan que incluso algunos ataques forman parte de la iniciación de bandas. “A los aspirantes a ser miembros de organizaciones hamponiles los retan para ver si tienen agallas, siendo una de las pruebas filtros atacar instalaciones de cuerpos de seguridad y si hay heridos o daños materiales pues mucho mejor”, afirmó un efectivo del cuerpo de seguridad regional que solicitó el anonimato para evitar represalias en su contra.
«La dinámica en el país cambió: en vez del gato cazar al ratón, el ratón está cazando al gato y con desigualdad existente en materia de armamentos llevamos todas las de perder los policías, por lo que estamos igual o más expuestos que la ciudadanía, porque a diferencia del resto, nosotros estamos plenamente identificados y nuestras cabezas tienen precio», afirmó.
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