El Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados (IBARHRI por sus siglas en inglés), aseguró que el proceso que se llevó en contra del abogado de la jueza María Lourdes Afiuni, José Amalio Graterol, «fue arbitrario y no respetó las garantías básicas del debido proceso».
En un informe que presentó la organización sobre el proceso judicial contra Graterol, concluyeron que además de las múltiples violaciones al debido proceso según el derecho nacional e internacional, el procesamiento y la condena del abogado penalista «infringen numerosas garantías para el ejercicio de la abogacía establecidas en los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados».
Entre las garantías infringidas, IBAHRI destacó la falta de una orden judicial al momento de la detención de Graterol, la sanción penal retroactiva impuesta once días después de su detención, las contradicciones entre los argumentos del fiscal y la falta de testigos, además de las demoras procesales durante el juicio.
«La condena de José Graterol constituye otro golpe al estado de derecho y a la independencia de la profesión jurídica en Venezuela. Existe un peligro real de que el ‘caso Graterol’ produzca un efecto ‘intimidatorio’ entre los abogados venezolanos, atemorizados de ser privados de su libertad por aceptar casos relacionados con la política», según el documento.
IBAHRI instó firmemente al gobierno venezolano para que anule las sentencias penales que condenaron a Graterol y respete los tratados internacionales sobre los derechos humanos.
José Amalio Graterol fue detenido en junio de 2012 y condenado en diciembre del mismo año por obstrucción de la justicia, al negarse a realizar un juicio sin la presencia del imputado en los Tribunales del estado Vargas. En julio de 2013, la Corte de Apelaciones ratificó el veredicto de culpabilidad y la sentencia a seis meses de encarcelamiento para el abogado de la jueza.
Fuente: EU
