Las empresas que trabajan para la administración pública casi siempre comparten una misma historia: retraso en los pagos. Cuando alguna de ellas recibe puntualmente sus mensualidades y tiene beneficios diferentes, aparecen sospechas de irregularidades que casi siempre son confirmadas. En la gestión del alcalde Edgardo Parra, el Grupo Asgard, encargado de la recaudación de impuestos, generó dudas por los privilegios que le otorgaron y que fueron denunciados en varias oportunidades.
Las irregularidades con Asgard se desprenden desde que la municipalidad, representada por Parra, contrató a la recaudadora que usufructuó el bien del municipio al laborar en los espacios de la alcaldía sin permiso del concejo municipal, además de emplear personal del ayuntamiento, pues el grupo, según el registro de la alcaldía, no cuenta con ningún trabajador. La nueva asociación quedó asentada en un documento privado, no notariado y sin fecha, que fue puesto en tela de juicio por los concejales el 13 de febrero de 2011, debido a varias cláusulas llamativas e ilegales.
Para quienes tributan en las taquillas de la alcaldía, Asgard les resulta familiar. Para los contribuyentes especiales, empresas con un ingreso igual o mayor a 30 mil unidades tributarias, el grupo es perfectamente conocido, pues Parra, en ordenanza municipal, obligó a estos contribuyentes a cancelar solamente en la oficina de Asgard en el nivel mezzanina del centro comercial Paseo Las Industrias, inmueble adquirido luego de las quejas de los concejales. Si el pago era realizado en otra taquilla se tomaría como nulo y tendría que efectuarse nuevamente.
El Carabobeño tuvo acceso a los documentos, ordenanzas y recibos que especifican el convenio con el municipio y donde se evidencia un canal irregular para recaudar grandes sumas de dinero desprendidas de los impuestos.
Asgard tuvo un primer contrato en el que no se incluyó la entrega del cinco por ciento de las ganancias para contribuir con la responsabilidad social. La cláusula sexta le favorecía con la obtención del mismo porcentaje por concepto de los montos recaudados, a diferencia de otras operadoras, que solo se les otorgaba el dos y medio por ciento y se les obligaba a dar la cuota de responsabilidad.
Aunque el grupo está suspendido del Registro Nacional de Contratistas (RNC), no concursó según la Ley de Contrataciones Públicas y dentro de sus actividades no destaca la recaudación. Esto no fue motivo para que Parra rechazara cualquier vinculación de la empresa con el ayuntamiento.
La procedencia de Asgard también fue motivo de crítica. Estuvo en el oriente del país donde fue involucrada en presuntos escándalos de corrupción, al igual que su presunto dueño, de apellido Carrillo, que según el portal informativo Noticias Candela de Anzoátegui, es un aficionado al póker que habría jugado con los impuestos municipales de esa jurisdicción. La empresa al parecer fue recomendada por el alcalde de Libertador, en Caracas, Jorge Rodríguez.
Los beneficios de Asgard no terminaban con el otorgamiento de la mayoría de los contribuyentes especiales que, según Alberto Terán, ex director de Hacienda fuera del país desde que iniciaron las investigaciones contra Parra el 11 de octubre, se los entregaron al grupo porque la otra operadora no participó en el concurso, tal como declaró a la prensa.
En esas declaraciones, de febrero de 2012, también afirmó que la empresa recibía el 2,5% de lo recaudado y aportaba la responsabilidad social. Sin embargo, en un acta modificatoria del contrato con fecha 15 de septiembre de 2011, que al parecer fue el último cambio realizado al contrato de Asgard, se mantuvo la comisión del cinco por ciento pero se le agregó la cláusula vigésima cuarta que obligaba al grupo a dar un aporte del 2,5% para responsabilidad social, lo que contradice las declaraciones de Terán que en varias oportunidades envió comunicaciones a distintas empresas notificándoles que debían cancelar en la taquilla del grupo.
En enero de 2012 la concejal Gladys Valentiner solicitó una investigación para verificar o declinar las denuncias sobre el cobro de los impuestos utilizando los espacios de la alcaldía. No obtuvo respuesta. Los concejales, en informe del 2011, también se quejaron de que la empresa no poseía licencia de actividades económicas ni tributaba al municipio.
Fuente: EC
