El sonido seco de los disparos retumbaba en sus oídos el 4 de febrero de 1992. Hilillos de sangre corrían por el piso del antiguo módulo policial del barrio Canaima, en Valencia, mientras el joven estudiante Wilfredo Bermúdez cerraba los ojos y rogaba por su vida.
Ángel Ruiz, uno de sus compañeros, fue el primero en arrodillarse y ser ejecutado de un balazo en la espalda. Dos lugares más atrás en la fila, Wilfredo contenía la respiración por la certeza de ser ejecutado.
Cuando ya casi sentía la mano del funcionario de la Disip sobre su nuca, llegó un helicóptero de la Guardia Nacional, “se bajó un coronel y fue el que detuvo la matazón que estaba haciendo Mario Rocco, un agente de la Disip”, declara Bermúdez, tras 22 años de ocurridos esos hechos.
Un luto que lleva décadas. Sucedió en Valencia, donde fueron ejecutados los estudiantes Ángel Ruiz, Columba Rivas, José Zerpa y Gilberto Peña. Familiares y testigos esperan justicia. “El 14 de octubre de 2010 se dictó una orden de extradición para Mario Rocco, quien vive en España desde 1999, pero mandaron el oficio a Relaciones Interiores el 1° de marzo de 2011. Allí hubo negligencia porque fueron más de tres meses y el lapso era de 30 días”, denuncia Amado Rodríguez, para la época consultor jurídico de la FCU de la Universidad de Carabobo y actual abogado defensor.
Wilfredo Bermúdez explica que todos los allegados a estas ejecuciones esperan una respuesta del sistema de justicia venezolano, como pasó con las víctimas del 27 de febrero. “En este proceso revolucionario ninguno de nosotros ha sido beneficiado o reivindicado con algo de justicia. Personal y familiarmente nos han burlado hasta la posibilidad de obtener vivienda, trabajo y así hemos estado sobreviviendo, lo único que queremos es justicia”.
En febrero de 2013 la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, declaró por Radio Nacional de Venezuela que 186 víctimas del Caracazo del 27 de febrero de 1989, habían recibido indemnizaciones por parte del Gobierno nacional.
Las muertes del “Canaima”. Al recordar las ejecuciones de sus compañeros estudiantes, Wilfredo Bermúdez estalla en sollozos: “En esa época tenía 26 años y estudiaba en la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad de Carabobo. Habíamos emprendido una lucha por la situación de los cupos para los muchachos que no podían entrar a esa institución”.
Desde la madrugada del 4 de febrero se presentaron movimientos de vehículos militares en diversas instalaciones de Valencia: “Los militares estaban en la calle y nos sorprendieron por lo que un centenar de estudiantes decidimos acercarnos a la Brigada Blindada para formar un grupo cívico militar y hacerle consignas al pueblo, sobre todo en la zona sur de Valencia. Había que decirle a la gente que era un movimiento bolivariano en pro de la recuperación de la patria”, rememora Bermúdez.
Civiles, militares y estudiantes formaron una caravana en apoyo al movimiento MBR-200 y al llegar al módulo policial del barrio Canaima, un grupo de funcionarios de la policía estatal, inteligencia militar, la Disip y Fuerzas Armadas dispararon contra ellos.
Una minuta judicial del caso explica que ante el tiroteo los estudiantes se refugiaron en las casas vecinas para resguardar su integridad física: “En ese momento se identifica un funcionario vestido de civil como Mario Rocco quien portando un arma larga se acercó al grupo de personas manifestando a viva voz que los iba a matar a todos porque estaban suspendidas las garantías”, y luego arrodilla y ejecuta a Ángel Ruiz, reza el documento.
En el documento se describe que al ciudadano Mario Rocco, por ese entonces funcionario de la Disip, le imputan la comisión del delito de “homicidio calificado y lesiones personales” contra los estudiantes antes mencionados.
El abogado Amado Rodríguez le hace un llamado al Ejecutivo: “Queremos que el presidente Maduro tome cartas en el asunto, necesitamos hablar con él. Así como atendió a los militares tiene que vernos, porque lo único que queremos es justicia para los estudiantes de Carabobo”.
La ruta del expediente. El abogado defensor, Amado Rodríguez, explica que lo procedente en este caso era que la orden de extradición de Mario Rocco, sancionada el 14 de octubre de 2010, fuese enviada de la Sala de Casación Penal del TSJ al Ministerio de Relaciones Interiores antes de que se cumpliera un lapso de 30 días: “El oficio 076 lo mandaron el 01 de marzo de 2011, desde que salió la decisión en el TSJ se tomaron 90 días para que se pidiera la extradición del imputado”.
Rodríguez señala que la dilación en el inicio de los trámites de extradición de Mario Rocco, excedió en más de 30 días lo establecido en el convenio con España: “El se encontraba detenido en ese país pero por el retardo lo dejaron libre. La funcionaria Giselle Goncálvez recibió el oficio pero no se hicieron los trámites a tiempo”.
El experto asevera que ha tenido múltiples reuniones sobre el caso en distintos organismos pero no se han cristalizado en soluciones para sus defendidos: “Hasta esta hora aún no ha llegado la orden de extradición a Madrid para que las autoridades actúen, eso está paralizado entre los ministerios de Relaciones Interiores y Exteriores”.
Se consultó a María Mercedes Berthé, directora del Departamento de Protección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía General de la República quien pidió que se tramitara la solicitud, a través del departamento de prensa de ese ente, que aún no ha respondido.
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