Especialistas en materia eléctrica observan que a pesar del alto índice de precipitaciones y la consecuente holgura de los embalses, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) opera en condiciones de precariedad.
Miguel Lara, José Aguilar, Ciro Portillo, Nelson Hernández, Iñaki Rousse, Efraín Carrera, Leopoldo Baptista y Florinda Morales, integrantes del Grupo Ricardo Zuloaga, señalaron que “los equipos que aún operan el sistema lo hacen en condiciones precarias debido a que no se han ejecutado los mantenimientos o son diferidos más allá de lo recomendado por sus fabricantes”.
En un análisis del sector, indicaron los expertos, que esa circunstancia lleva a que “estos equipos no funcionen adecuadamente y terminen colapsando, cuya reparación requiere de recursos y de tiempo considerablemente mayores a los que se tendrían bajo las prácticas recomendadas”.
Advirtieron que el SEN “atraviesa la peor condición operativa de su historia, los cortes del servicio eléctrico afectan a todas las ciudades y la recurrencia de los mismos, así como su tiempo de afectación, siguen en incremento”.
Y destacaron que “el manejo del embalse de Guri –que suministra alrededor del 50% del consumo nacional- no se ajusta a lo establecido por los estudios y la ingeniería. Su sobreexplotación bajo condiciones hidrológicas desfavorables ha puesto en riesgo la operatividad de su central y ha ocasionado racionamientos masivos que no debieron ocurrir. Además, su llenado extemporáneo coadyuvó innecesariamente a la inundación de áreas pobladas en el sur del país”.
De acuerdo al documento, “los reiterados cortes anunciados por las autoridades eléctricas no han sido ni son producto de eventos climatológicos (lluvia o sequía), ni por accidentes causados por elementos pertenecientes a nuestra fauna ni por supuestos sabotajes, donde las autoridades eléctricas acusan a personas que perdieron su vida al estar hurtando material eléctrico energizado”.
La realidad, apuntaron, es que la crisis eléctrica que afecta a la sociedad venezolana, desde hace más de una década, “es resultado de un modelo de sector inviable, gestado por decisiones políticas tomadas desde 1999 que lo transformaron en un sector politizado, desprofesionalizado, burocrático, plagado de irregularidades administrativas, sin transparencia y de creciente opacidad”.
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