La Asamblea Nacional no tolerará más que los profesores universitarios continúen con su legítimo derecho a la protesta para exigir reivindicaciones salariales. Este martes, la mayoría oficialista del Parlamento aprobó un acuerdo en rechazo al paro de universidades autónomas que pretende además demandar a las casas de estudio ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El documento establece sugerir al Gobierno nacional el nombramiento de una comisión de juristas con la finalidad de acudir al TSJ “para demandar a los cuentadantes de las universidades por perjuicio al Estado venezolano”. Además, exhorta al Ejecutivo a que tome las medidas necesarias ante al Ministerio del Trabajo “por el paro ilegal de las universidades”.
Los diputados chavistas quieren también que el Estado haga una auditoría a las universidades que se encuentran paralizadas que analice el uso de los recursos que se les han entregado para el funcionamiento, mantenimiento y cancelación de sueldos y salarios “a personas que no han trabajado”. Reclaman que el Estado hace esfuerzos extraordinarios para aportarles recursos a estas diez universidades públicas que están paralizadas “sin razón alguna” y que han sido “secuestradas por fuerzas de diferentes signos”. Según ellos, este año se han transferido más de 84 mil millones de bolívares, “más recursos que la mayor parte de las gobernaciones del país”.
El acuerdo señala en su exposición de motivos que del total de 2 millones de jóvenes universitarios que existen en Venezuela, unos 200 mil “están condenados por la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) y los consejos universitarios, a caer en el campo del ocio”.
Para los parlamentarios es posible que el paro sea una estrategia ideada por la oposición venezolana para que los padres de los jóvenes se vean obligados a retirarlos y llevárselos al exterior o inscribirlos en instituciones privadas para que éstas se enriquezcan aún más.
Los profesores que desde hace más de 60 días se han negado al reinicio de clases lo que están haciendo a criterio de los diputados es violentar el derecho humano de la educación, mientras que las universidades han colocado a los estudiantes en una condición de minusvalía respecto a jóvenes de otras casas de estudio ya activas. “Los estudiantes ven pasar frente a sí una carreta cargada de ignorancia.
Ahora les cae el peso del petróleo
La mayoría oficialista de la AN cree que ante la situación de la baja del precio del barril de petróleo las universidades tienen el deber de analizar el escenario para establecer líneas de estudio fundamentales para la solución del problema “producto de la política de Estados Unidos para acabar con los países que le impiden dominar al mundo”.
Fuente: Tal cual
