La comisión especial creada por la AN buscará organizar todos los elementos disponibles para denunciar a Washington ante organismos internacionales. El comité fue instalado luego que Trump dijera en un acto público que planeaba apoderarse del petróleo venezolano
La Asamblea Nacional instaló una comisión para analizar algunos dichos del expresidente Donald Trump y de funcionarios de su Gobierno. En diálogo con Sputnik, el diputado Juan Eduardo Romero explicó que el cuerpo hará «un compendio» de los delitos de EE. UU. contra Venezuela, pensando en «juicio abierto» contra Washington.
La comisión especial creada por la Asamblea Nacional para analizar algunos dichos del expresidente estadounidense, Donald Trump, buscará organizar todos los elementos disponibles para denunciar a Washington ante organismos internacionales por sus sucesivos intentos de derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro.
Así lo explicó a Sputnik el parlamentario venezolano Juan Eduardo Romero, integrante del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y miembro de la comisión legislativa, conformada originalmente en junio y ampliada recientemente para denunciar delitos de lesa humanidad planeados por Estados Unidos contra los venezolanos.
En efecto, la comisión había sido instalada luego de que el 10 de junio el expresidente Trump dijera en un acto público que tuvo la intención de apoderarse del petróleo venezolano.
Venezuela estaba a punto de colapsar, nos habríamos apoderado de ella y habríamos conseguido todo ese petróleo, pero ahora se lo compramos a Venezuela haciendo rico a un dictador», afirmó en su proceso de intentar volver a la Casa Blanca, tras asumir la candidatura del Partido Republicano rumbo a las elecciones de 2024 en su país.
Las palabras de Trump se suman a anteriores declaraciones públicas de altos funcionarios de su Gobierno, como quien presidiera el Departamento de Estado durante la gestión del magnate, Mike Pompeo; el asesor en materia de seguridad John Bolton o el senador republicano Marco Rubio, quienes defendieron y admitieron públicamente que «invadir» Venezuela era una posibilidad que consideraron.
«A confesión de parte, relevo de pruebas», dijo Romero, asegurando que las expresiones de los exfuncionarios estadounidenses son «una ratificación de que Venezuela es un objetivo geopolítico por parte de la doctrina de seguridad de EE. UU.».
La alusión de Trump al petróleo venezolano también es, para Romero, la confirmación de que la hostilidad estadounidense «se concentra esencialmente en las potencialidades, los commodities (productos, mercancías) y los recursos naturales que tiene Venezuela».
El parlamentario del país sudamericano explicó que la comisión tendrá un plazo de trabajo de 30 días, pudiendo ampliarse a 30 días más si es necesario. Una vez finalizada su tarea, entregará un informe al resto de los asambleístas.
En ese sentido, adelantó que el objetivo de la comisión es «hacer un compendio, una sistematización y un informe bien pormenorizado a los efectos de acudir a instancias internacionales», al entender que los dichos de Trump y sus exfuncionarios constituyen «una violación a los convenios internacionales y al derecho internacional».
El parlamentario remarcó que, si bien EE. UU. no es firmante del tratado que reconoce a la Corte Penal Internacional (CPI), Venezuela espera poder denunciar ante ese cuerpo jurídico internacional los delitos cometidos por Washington.
Estamos hablando de delitos de lesa humanidad que ameritan acciones. Nosotros esperamos, aunque EEUU no sea firmante de la CPI, poder sustanciar un procedimiento contra Donald Trump y los funcionarios de su Gobierno por ser responsables de delitos no contra el Gobierno de Nicolás Maduro, sino contra el pueblo venezolano», sostuvo.
Romero dejó entrever que si no logran sustanciar el caso ante la CPI, Venezuela podría realizar «un juicio abierto público» contra EE. UU. que, si bien no sería vinculante, tendría «un valor simbólico en la opinión internacional».
Los delitos de EE. UU. afectan «a chavistas y no chavistas».
El legislador venezolano hace referencia no solo a las amenazas de invasiones territoriales al país sudamericano, sino a las «medidas coercitivas unilaterales» que Washington ha aplicado contra Venezuela y que han producido pérdidas millonarias en perjuicio de Caracas.
En ese sentido, recordó que «el sector petrolero venezolano tuvo pérdidas de 240.000 millones de dólares entre 2013 y 2020» y el total de la sociedad venezolana sufrió pérdidas económicas por cerca de 620.000 millones de dólares.
El parlamentario advirtió que esas sanciones unilaterales se tradujeron, muchas veces, en el fallecimiento de venezolanos. «Sin esas sanciones quizás estarían vivos más de 60.000 venezolanos que como consecuencia de las medidas coercitivas unilaterales dejaron de tener recursos para medicinas o atender emergencias», lamentó.
Para Romero el impacto de las sanciones es tal que muchos venezolanos afines a la oposición comenzaron a cambiar su postura. «Esto ha impactado a los venezolanos que, en algún momento ligados a la oposición, intentaban mantener el discurso de que las sanciones no afectaban al pueblo venezolano», apuntó.
«Los últimos estudios indican que hay un 15% de la población, que electoralmente se declaraba opositora, que dice entender que las medidas afectan por igual a chavistas y no chavistas».
VF
