En un intento por reducir la polarización política y restaurar la paz social, la Asamblea Nacional ha presentado el Proyecto de Ley de Amnistía, Reconciliación y Reencuentro Nacional. El documento propone el perdón jurídico para hechos políticos ocurridos en los últimos 27 años, con el objetivo de facilitar la «normalización progresiva» de la vida pública en Venezuela.
La exposición de motivos del texto destaca que la amnistía no es un «olvido de la verdad», sino una herramienta excepcional para cerrar heridas en un país marcado por la desconfianza institucional y la migración forzada.
Claves del Proyecto: ¿Quiénes serían beneficiados?
El proyecto establece un amplio margen de aplicación, pero también fija límites claros basados en convenios internacionales:
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Ámbito Temporal: Abarca hechos cometidos desde el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de la ley.
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Delitos Políticos: Se amnistiarán delitos como instigación al odio, rebelión, traición a la patria, desacato y ultraje, siempre que hayan ocurrido en contextos de manifestaciones o críticas al gobierno.
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Libertad por Redes Sociales: El artículo 8 incluye específicamente hechos punibles cometidos mediante la difusión de mensajes en redes sociales y medios digitales.
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Hitos Históricos: Menciona explícitamente los sucesos de 2002, el paro petrolero de 2003 y las olas de protestas de 2014, 2017, 2019 y 2024
Exclusiones: Lo que la Ley NO perdona
Cumpliendo con el artículo 29 de la Constitución, el proyecto deja claro que no habrá impunidad para delitos de extrema gravedad. Quedan excluidos:
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Crímenes de guerra y de lesa humanidad.
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Violaciones graves a los derechos humanos (tortura, desaparición forzada, secuestro).
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Homicidios dolosos.
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Tráfico de drogas en mayor cuantía.
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Corrupción y enriquecimiento ilícito con fondos públicos.
Aplicación «Urgente» y Medidas Inmediatas
Uno de los puntos más críticos de la propuesta es su carácter prioritario. El artículo 4 ordena la aplicación inmediata del beneficio para personas privadas de libertad por razones de opinión o manifestación pacífica.
Asimismo, se establece un mecanismo para corregir lo que el texto denomina el «quebrantamiento de la confiabilidad judicial», permitiendo la amnistía en casos donde los procesos penales fueron impulsados por declaraciones públicas de altos funcionarios o donde se violó la inmunidad parlamentaria de los diputados.
Efectos Legales y Restitución de Derechos
La ley busca garantizar que los beneficiarios recuperen su vida civil plenamente:
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Extinción de la pena: Los juicios actuales se detendrían y las condenas quedarían anuladas.
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Habeas Data: Los registros policiales y antecedentes penales de los amnistiados deberán ser eliminados de los archivos estatales.
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Devolución de bienes: Se ordena el levantamiento de embargos y la restitución de propiedades incautadas en un plazo de 10 días tras la declaratoria.
«La unidad no es olvido»
El proyecto concluye enfatizando que la amnistía no implica que los beneficiarios reconozcan culpabilidad, protegiendo así su dignidad frente a futuros procesos. «La reconciliación exige voluntad política para construir un futuro común donde las diferencias se tramiten dentro del marco institucional», reza el documento.
