La Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad elaborar un anteproyecto de Ley de Regulación del Comercio Electrónico en el país, con el propósito de proteger a los usuarios y a la economía nacional de posibles estafas y fraudes a través de la comercialización de bienes y servicios por Internet.
El presidente de esa instancia parlamentaria, diputado Claudio Farías, convocó a una discusión preliminar con voceros de organismos e instituciones públicas con miras a enriquecer un borrador de anteproyecto de Ley, que actualmente consta de 15 artículos, y que se prevé sea presentado en dos semanas ante la plenaria.
A la cita acudieron William Castillo, presidente de Conatel; Vicente Pedroza y Zoilo Martínez, de la División de Delitos Informáticos del Cicpc; David Rojas y Diego Mendoza, representantes de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público, respectivamente.
Farías y varios de los asistentes coincidieron en que «hay un vacío legal» en ese tipo de comercio y la necesidad de regular la actividad. Destacó el diputado oficialista que el artículo 177 de la Constitución Nacional establece que «todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y la característica de los productos y servicios que consumen; a la libertad de elección y a un trato equitativo y justo».
Dijo Farías que a la comisión han llegado numerosas denuncias sobre estafas cometidas a usuarios. Citó el caso de «doscientas familias que fueron engañadas por una oferta de plan vacacional en Tucacas (Falcón), cuando se apersonaron al lugar, se dieron cuenta que las casas no existían y perdieron su dinero» ante la indefensión de una legislación.
También refirió que detrás del contrabando detectado en la frontera con Colombia existen sitios en Internet que pretenden desestabilizar la economía. «Ahora la guerra económica está mutando en otras formas de ilícitos y al dificultarse el contrabando de extracción, ofrece por Internet, frente a la supuesta escasez, toda clase de productos y servicios que son más costosos que en los comercios».
Comentó que muchas de esas ofertas incurren en sobreprecios, fuera de la regulación, operan sin facturas y sin pagar impuestos al fisco. Castillo, por su parte, enfatizó en que «la virtualización del dinero está desplazando a la economía real». Apuntó que «en la práctica, el Internet está regulado en los países; no es una regulación de Intenet en sí mismo, pero sí sobre los protocolos y las redes».
Representantes de la Defensoría y del Cicpc indicaron que las estafas se están presentando vía e-mails. «Reciben el dinero, no entregan el producto y lo venden muchas veces».
MARIELA LEÓN
EL UNIVERSAL
