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Asamblea Nacional aprueba avances de Proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio

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Asamblea Nacional aprueba avances de Proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio

El Estado podrá apropiarse de bienes provenientes de narcotráfico o corrupción. La persona señalada por estos delitos podrá optar por la apelación. La propuesta contiene cuatro capítulos

 

En su segunda discusión, 18 de los 46 artículos del Proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio, fueron aprobados en la Asamblea Nacional. Este nuevo instrumento jurídico establecerá vías para identificar, localizar y recuperar bienes derivados de actividades ilícitas.

 

 

 

El proyecto de ley, sometido a consideración de la plenaria para su sanción, está tras la extinción de los derechos relativos al dominio de esos bienes a favor de la República, sin contraprestación ni compensación, reseñó El Universal.

 

 

 

A solicitud del presidente de la Comisión Permanente de Política Interior, diputado Diosdado Cabello Rondón, la discusión del proyecto de ley fue diferido con el fin de revisar exhaustivamente el texto.

 

 

 

El diputado recalcó la necesidad de ejecutar esta ley para que el Estado pueda “actuar inmediatamente. No podemos permitir nosotros que bienes adquiridos por el narcotráfico o por la corrupción vayan a perder su vida útil”, aseguró.

 

 

Apuntó que el “Estado debe actuar rápidamente”, al tiempo que expuso que este es “un procedimiento muy rápido: a solicitud del Ministerio Público (MP), se establecen los mecanismos y una vez que se toma la decisión el Estado venezolano procede”.

 

 

 

Asimismo, Cabello detalló que la persona señalada por estos delitos tendrá todos los mecanismos que posee la legislación venezolana para la apelación y recordó que este proceso es independiente al penal, pues se trata de un procedimiento civil.

 

 

 

De acuerdo a la información presentada, la propuesta está dividida en cuatro capítulos, una exposición de motivos, una disposición general y otra final.

 

 

 

Esta será utilizada como herramienta jurídica para asegurar todos los bienes incautados en procesos de corrupción o afines.

 

 

 

 

EU

 

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