En una parodia de la estratagema del policía bueno y el policía malo, Maduro y Cabello interpretan papeles antitéticos para sumir al país en el desconcierto ante una política orientada en direcciones divergentes y sintonizadas con un inequívoco designio: mantenerse donde están, sin importar cómo llegaron.
Así, mientras Maduro y algunos de sus ministros dialogan con empresarios emblemáticos so pretexto de solucionar el desabastecimiento -buscando el reconocimiento, y por ende, la legitimidad cuestionada por medio país- el diputado Cabello se niega a hacer lo propio en la Asamblea Nacional.
Como si de reclutas se tratase, pretende el cancerbero del capitolio que legisladores respaldados por 52% del electorado hagan voto de obediencia a sus antojos y se sometan a humillantes condiciones para poder hacer uso de la palabra o, de lo contrario, bollos y trompadas impactarán sus humanidades. A tan primitivo proceder, como es lógico en crisis a la cual, sin éxito alguno, se le buscan salidas sobre la base de falsas promesas por parte del oficialismo.
Despojados de salario, voz, voto y de sus responsabilidades en las comisiones permanentes, los representantes de la unidad acuden en vano a reuniones donde se alcanzan compromisos que no se acatan y se sellan pactos que no se cumplen.
Pasan pues los días y las semanas para llegar a un mes completo sin que se convoque la plenaria. Y, cuando los parlamentarios opositores acuden a las comisiones, se violan sus derechos al negárseles que ejerzan las funciones para las cuales fueron electos.
No sabemos por cuánto tiempo pueda prolongarse semejante situación, pero el oficialismo buscará llevar su permanencia a los extremos, porque así desvían la atención general de asuntos cercanos al bolsillo y al estómago del ciudadano corriente.
En todo caso, ni el PSUV ni sus aliados tienen interés en que la labor legislativa se desarrolle con la normalidad requerida en un régimen democrático; su maltrecho socialismo del siglo XXI -una nadería sin Chávez que lo defienda- es incompatible con la separación de poderes. Por eso, cada vez que pudieron habilitaron al padre de todos los disparates para que legislara a su confuso saber y extravagante entender.
Poco les importa que no se discutan materias urgentes y pendientes como la designación del contralor general de la República, de los rectores (o rectoras) del CNE, de los magistrados del TSJ, para no mencionar leyes (la del desarme a la cabeza) y endeudamientos; ellos han caracterizado con la morosidad a la gestión pública.
Privilegian el decreto sobre la ley, los puños ante la razón; en el clímax de su intolerancia han virtualmente clausurado la Asamblea Nacional hasta nuevo aviso, por tanto, y aquí invocamos a Karl Popper, que de ello escribió con sustancia en La sociedad abierta y su enemigos, «debemos reclamar, en nombre de la tolerancia, el derecho a no tolerar a los intolerantes».
Editorial de El Nacional
