El expresidente catalán Artur Mas (2010-2016) quedó este lunes inhabilitado para ejercer cargos públicos electos durante dos años, por desobedecer la prohibición judicial de celebrar la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) impuso finalmente una pena muy inferior a la requerida por la fiscalía, que era de diez años de inhabilitación.
Mas fue procesado y compareció en juicio oral en Barcelona del 6 al 10 de febrero pasados, por mantener la consulta pese a la suspensión decretada días antes por el Tribunal Constitucional.
El exdirigente no tardó en anunciar que recurrirá la decisión. Según explicó a la prensa flanqueado del actual presidente, el independentista Carles Puigdemont, apelará primero ante el Tribunal Supremo, luego ante el Constitucional y, si es necesario, «hasta las últimas instancias de la justicia europea».
Artur Mas fue condenado también a pagar una multa de 36.500 euros. Junto con Mas, fueron condenadas su exvicepresidenta Joana Ortega (inhabilitada un año y nueve meses) y su exconsejera de Educación Irene Rigau (un año y seis meses). Los tres fueron absueltos del cargo de prevaricación, consistente en tomar disposiciones a sabiendas de que son ilegales.
Durante el juicio, Mas, Ortega y Rigau dijeron que la celebración de la consulta fue obra de una multitud de voluntarios y que el objetivo político era «dar voz» a la voluntad popular.
El TSJC argumentó, sin embargo, que los tres no sólo desobedecieron la suspensión del Tribunal Constitucional, sino que «observaron un catálogo de conductas demostrativas todas de su determinación firme de contravenir» lo ordenado por el alto tribunal.
En el caso de Mas, el TSJC estimó que con su decisión de llevar adelante la consulta, «pervirtió los principios democráticos de división y equilibrio entre poderes», e «hizo quebrar una regla básica» como es «la sumisión de todos al imperio de la ley y al cumplimiento de las resoluciones judiciales».
«Volveríamos a hacer lo que hicimos, exactamente igual», replicó impertérrito Artur Mas, en su declaración a la prensa.
Una saga legal
En esa consulta no vinculante participaron 2,3 millones de catalanes, de un total aproximado de 6,3 millones que estaban invitados a votar. De aquellos que acudieron a las urnas, un 80% apostó por la secesión.
Los secesionistas, mayoritarios en el Parlamento catalán desde 2015, utilizaron el juicio oral para hacer una demostración de fuerza y el primer día arroparon a los acusados con una manifestación de 40.000 personas ante el TSJC.
El presidente Puigdemont no tardó en criticar la decisión de este lunes, comparándola con el anuncio del Gobierno regional escocés de que solicitará un nuevo referendo de independencia del Reino Unido, después de la infructuosa consulta de 2014.
«¡Qué error! Qué diferencia con las democracias consolidadas y saludables», escribió el independentista Puigdemont en Twitter. También fustigó la decisión Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), socio de gobierno de Puigdemont, que tildó la sentencia de «indigna y antidemocrática».
Por, su lado, el Partido Popular se felicitó de que «la justicia pone a cada uno en su sitio» y «nadie está por encima de la ley», dijo Pablo Casado, responsable de comunicación de la formación conservadora.
Desde 2010, los independentistas catalanes agudizaron su desafío al Gobierno central y han ido tramitando una serie de medidas en el Parlamento de cara a una hipotética «desconexión».
El Gobierno y la justicia no han dejado de actuar contra esas medidas, en una compleja batalla legal que también ha llevado al banquillo al exportavoz del Ejecutivo catalán Francesc Homs y a la actual presidenta del Parlamento autónomo, Carme Forcadell.
Pese a ello, los independentistas no cejan en su empeño y Puigdemont ha prometido para septiembre un referéndum de independencia, con o sin la autorización del Gobierno central, el cual ha dejado claro que no autorizará dicha consulta.
Fuente: AFP
Por Confirmado: Gabriella Garcés
