El gobierno de la provincia argentina de Córdoba procuraba el miércoles restablecer la seguridad en la capital del distrito mediante la consecución de un acuerdo salarial con policías que fueron a la huelga lo que desató una ola de saqueos a supermercados que causó al menos un muerto, 60 heridos y más de 50 detenidos.
El miércoles temprano los saqueos a algunos negocios continuaban, pero de forma muy aislada y puntual, sin que se registraran actos de violencia graves, dijeron medios de prensa cordobeses.
José Manuel de la Sota, gobernador de la provincia de Córdoba, se quejó de que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández no le prestó ayuda cuando se la pidió en la madrugada. «Es lamentable porque los saqueos se evitaban con la presencia de la gendarmería (policía de frontera)… Hemos llamado a todos los miembros del gabinete para tratar de obtener una respuesta que no hemos tenido», dijo el funcionario a Radio Continental.
El fallecido es un joven que recibió un disparo de bala en el tórax, al parecer cuando estaba transitando en moto por la ciudad, dijo al canal Todo Noticias Daniel Mercado, director del Hospital San Roque de Córdoba, ciudad situada a unos 700 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.
Por su parte, Miguel Ortiz, abogado de los policías que están en huelga desde la víspera, dijo a periodistas que el gobierno provincial ha aceptado «verbalmente» la propuesta de aumento salarial que le hicieron llegar los agentes y que se disponía a «firmar el acta» del acuerdo durante la jornada. Los policías reclaman un salario mínimo de 13.000 pesos (2.100 dólares).
Por los robos y los asaltos a supermercados, negocios y viviendas de ciudadanos que comenzaron de forma generalizada el martes por la noche las autoridades decidieron suspender el miércoles las actividades administrativas en la ciudad, y los colegios y los bancos permanecían cerrados. Vecinos instalaron barricadas armadas para custodiar sus viviendas, según reportan distintos medios.
El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, informó que un contingente de 2.000 miembros de Gendarmería Nacional (policía de fronteras) fue enviado a Córdoba.
Previamente, el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, había dicho que el gobierno monitorea la situación pero que la situación es una «cuestión exclusiva y excluyente» de ese distrito. «De acuerdo a la Constitución, existe autonomía de las provincias para el desenvolvimiento de la seguridad pública», dijo el funcionario, quien negó haber recibido una llamada telefónica del gobernador cordobés solicitándole ayuda. Sus dichos fueron criticados por políticos de la oposición, que reclamaron ayuda inmediata para la provincia. De la Sota pertenece a un sector del Peronismo disidente con el que encabeza la presidenta.
Las autoridades cordobesas atribuyeron los saqueos a bandas de delincuentes que se aprovecharon de la falta de vigilancia producto de la huelga policial, y no a los problemas sociales.
Fuente http://www.elnuevoherald.com/
