El gobierno argentino anunció hoy que apelará a la ley para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos durante la huelga nacional convocada por centrales obreras opositoras para el 10 de abril.
«Respecto al tema de los servicios públicos, se aplicará la ley que corresponde desde el punto de vista de los mecanismos de regulación y de los servicios tipificados como esenciales para el cumplimiento del servicio», anticipó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en la Casa Rosada, indicó DPA.
La huelga general «en contra del ajuste» fue convocada por las facciones opositoras de la central obrera Confederación General del Trabajo (CGT), lideradas por Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, y contará con la estratégica adhesión de los sindicatos del transporte público, entre ellos La Fraternidad (trenes) y UTA (ómnibus).
También se sumará la rama de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) encabezada por el opositor Pablo Micheli, que nuclea a trabajadores estatales.
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