La diputada María Aranguren (Migato-Monagas) dice que lo que busca allanar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no es su inmunidad.
«Lo que quieren allanar es el camino para la aprobación de la Ley Habilitante», reaccionó ayer Aranguren, 24 horas después de conocer que el máximo juzgado del país admitió la solicitud de antejuicio de mérito contra ella y su colega Juan Carlos Caldera (PJ-Miranda).
El chavismo necesita un voto más para conceder al presidente, Nicolás Maduro, los poderes especiales que demandó ante la plenaria de la Asamblea Nacional el martes 8 de octubre.
La Constitución establece, en su artículo 203, que para aprobar una Ley Habilitante se requiere el respaldo de las tres quintas partes de los integrantes de la AN, es decir, 99 manos alzadas. En estos momentos, la Cámara está compuesta por 98 rojos y 67 miembros de la Unidad Democrática. El famoso «diputado 99» sería el suplente de Aranguren, Carlos Flores, quien asumiría el cargo si la titular es sancionada.
«Estamos ante un procedimiento que no me causa sorpresa, pero sí me genera preocupación porque sé en cuales manos estoy yo. Estamos en manos de un sistema de venganza y odio por retaliación política», opinó la representante.
El caso de Aranguren se remonta a sus tiempos de presidenta de la Administradora Inmobiliaria Monumental de Maturín, fundada por el ex gobernador de Monagas, José Gregorio Briceño. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, la parlamentaria firmó contratos en dólares con empresas extranjeras para llevar a cabo eventos artísticos y deportivos sin contar con la debida autorización legal.
La asambleísta defendió su inocencia y señaló que es víctima de una persecución por la decisión de abandonar el Partido Socialista Unido de Venezuela para continuar con Briceño. «Si estuviera en manos de la justicia, estaría tranquila, pero Maduro y el presidente de la AN, Diosdado Cabello, ya dieron la orden para conseguir el diputado 99 y lograr la Habilitante», espetó.
Sin avioneta
Aunque no confía en el sistema judicial venezolano, Aranguren aseguró que se mantendrá en el país luchando por su causa. «Me queda el pataleo político, esgrimiendo argumentos legales, y un equipo de abogados para defenderme. No está planteado irme del país», enfatizó.
La legisladora relató que camina por las calles de Maturín como una ciudadana cualquiera. «No ando en un carro con 200 guardaespaldas, ni tengo un amigo que me saque en su avioneta», añadió.
Aranguren comentó que, pese a ser diputada de la República, «jamás tuve inmunidad». Recordó que tras el derrame petrolero que afectó al río Guarapiche, en Monagas, las autoridades de Petróleos de Venezuela obstaculizaron la investigación que trató de desarrollar desde la Comisión de Ambiente de la AN. «Aquí la inmunidad parlamentaria no existe. La inmunidad y la impunidad las tienen los malandros en la calle», sostuvo la representante, que sentenció: «nosotros no podemos ni hablar en la AN».
Silencio
Este periódico intentó conocer la posición de Juan Carlos Caldera, el otro diputado opositor afectado por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia.
Sin embargo, Caldera respondió que aún evalúa la situación y que será a principios de la semana próxima cuando declare al respecto.
Para los fines de la aprobación de la Habilitante, el caso del dirigente de Primero Justicia es distinto. Su suplente es José Antonio España, militante de Avanzada Progresista.
La bancada de la Unidad ha aseverado que «no tenemos ningún diputado que pueda ser comprado o chantajeado».
Fuente: El Universal
