«La justicia para los venezolanos es innegociable». Así lo considera el dirigente opositor y miembro de la Causa R, Andrés Velásquez, en el marco de lo que sería el dictamen de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre el caso Venezuela Uno, vigente desde febrero de 2018 y en fase tres, culmine y se abre una investigación contra Nicolás Maduro y funcionarios de su gobierno, por ser señalados de cometer crímenes de lesa humanidad desde 2014.» (…) después de 22 años de despropósito, de violencia, de represión, de persecución y muertes de tantos venezolanos a manos de este régimen perverso, nuestra exigencia de Justicia es un compromiso innegociable porque sin su aplicación, no tendremos ninguna condición para avanzar y mucho menos para reconstruir el país», expresó Velásquez a través de un artículo de opinión.
A su juicio, los venezolanos esperan «justicia, verdad, memoria, reparación y garantía de no repetición» de los hechos adjuntos al caso presentado ante la CPI, que describe presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en el país.
«Han sido años de dolor, de impunidad, que han dejado en todos grabados en sangre los nombres, los rostros, las familias, de demasiados jóvenes (por ejemplo) que fueron asesinados solo por protestar exigiendo un país libre, protestando por rescatar una democracia que en la mayoría de los casos por sus cortas edades, ni siquiera conocieron, ni vivieron en ella, por eso en la memoria de todos quedó sellado nuestro compromiso con ellos para siempre, prohibido olvidar», agrega.
La fiscal jefa de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, espera anunciar si abre o no una investigación en Venezuela por crímenes de lesa humanidad tan pronto como el tribunal resuelva una solicitud del país caribeño, algo que confía en que suceda «en cuestión de días», dijo en una entrevista con Efe.
«El asunto está ahora a la espera de los jueces y no hay mucho más que pueda decir, al menos en esta etapa», dijo Bensouda, que confía en poder hacer pública su decisión sobre el país caribeño «antes de que finalice» su mandato, es decir, antes del 15 de junio.
El examen preliminar de la Fiscalía de la CPI, abierto a Venezuela en febrero de 2018, estudia supuestos abusos de las fuerzas de seguridad venezolanas en manifestaciones y cárceles desde al menos abril de 2017.
Las pesquisas de la Fiscalía de La Haya «han avanzado significativamente», aseguró la jurista. Su inminente decisión tiene, en principio, dos posibles salidas: clausurar el expediente o convertir el actual examen preliminar en una investigación por crímenes de lesa humanidad.
No obstante, las autoridades venezolanas entregaron el mes pasado una solicitud de control judicial ante los magistrados de la CPI en la que se quejaron de trato «discriminatorio» y «desigual» respecto al que reciben otros países que también se encuentran bajo examen preliminar, según el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab.
Bensouda dijo que no podía «ignorar» la reclamación de Caracas y ha presentado una respuesta incluyendo «ejemplos y estadísticas del compromiso que hemos tenido con Venezuela durante todo este tiempo».
«Sobre la afirmación de que mi oficina no se ha relacionado con Venezuela, de que no ha sido transparente o no ha dado información, puedo decir categóricamente que es incorrecta», aseveró la fiscal jefa de La Haya.
Aunque Caracas anunció públicamente la solicitud de control judicial, la entrega de la documentación se ha tramitado de forma confidencial, por lo que se desconoce en qué fecha se pronunciarán los jueces.
Fuente: Caraota Digital / EFE
