El Gobierno de Andorra ha aprobado este jueves una modificación de la ley de los derechos de los niños y los adolescentes que prevé, entre otras medidas, la prohibición del acceso de los menores de 16 años a las redes sociales que comporten un riesgo para su desarrollo y salud mental.
Andorra se suma así a la cada vez más larga lista de países que planean restringir el acceso de los menores a las redes sociales, como Australia, Francia, Nueva Zelanda, Dinamarca o España.
En el caso de Andorra, el Ejecutivo plantea también que los padres y tutores legales tengan el deber de supervisar activamente el uso digital de los más jóvenes y la obligatoriedad de que haya una tarjeta SIM con control parental para los menores de 16 años.
De igual forma, el Principado incluirá en el currículum escolar aspectos vinculados a la digitalización y el uso de las nuevas tecnologías e impulsará formaciones para acompañar a las familias y escuelas en este proceso.
«La protección de los niños y adolescentes en el entorno digital es una prioridad del Gobierno, que desde hace años trabaja de manera continuada, estructural y alineada con los estándares internacionales para garantizar un entorno digital seguro», señala el Ejecutivo andorrano en un comunicado.
Participación de menores y otros actores clave
Ha sido el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Marc Rossell, quien ha presentado este jueves la modificación legal que ha de permitir hacer efectivas estas medidas.
«La realidad de los niños y adolescentes de nuestro país ha cambiado y por eso es fundamental que la legislación también lo haga, para continuar garantizando su protección, sobre todo en el entorno digital y en línea», ha afirmado.
Ha recordado que las nuevas tecnologías aportan muchos beneficios, pero también riesgos, como el ciberacoso, la violencia digital, el aislamiento social, la dependencia digital o la mala gestión de la privacidad.
La evidencia científica, además, pone de manifiesto que la sobreexposición digital puede afectar al desarrollo, aprendizaje y el bienestar de los menores. Y todo ello cuando se detecta una falta de conocimiento y competencias por parte de los progenitores, lo que hace necesario un acompañamiento por parte de las autoridades, según Rossell.
En la modificación del proyecto de ley han participado alumnos de ESO, Bachillerato y FP de diferentes edades y entornos educativos de Andorra, lo que ha permitido «recoger una visión plural y representativa sobre la realidad digital y las inquietudes reales».
Asimismo, se ha consultado a actores clave como las asociaciones de madres y padres de las escuelas, el Fòrum de la Juventud o Unicef.
Un sistema de verificación de edad
El ministro de Transformación Digital y Función Pública ha explicado que la prohibición del acceso de los menores de 16 años a las redes sociales se acompañará con la implementación de un sistema de verificación de la edad, «robusto y fiable», para poder limitar este acceso.
Además, para los menores de esta edad, los operadores estarán obligados a configurar por defecto tarjetas SIM específicas, de manera que queden bloqueados los contenidos inapropiados.
El proyecto de ley también contempla que con la compra de un dispositivo móvil las familias reciban información oficial, por parte de los comercios, sobre riesgos digitales y recomendaciones de uso por franjas de edad.
Una batería de medidas que el ministro ha calificado de «necesarias» para garantizar lo máximo posible la protección de los más pequeños: «Unas medidas para proteger hoy y empoderar mañana», ha subrayado.
