Anauco señaló la importancia de las recientes fiscalizaciones que ha llevado a cabo la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socio Económicos a un conjunto de plantas productoras de harina de maíz, sin embargo destacan que la medida debe ser extensiva a las empresa públicas dedicadas a esta actividad.
«Además de ser una facultad de ley, es un deber constitucional que tiene el Estado, el de preservar la seguridad alimentaria de los ciudadanos, máxime en el rubro de la harina de maíz, representativa de la arepa de los venezolanos», señala un comunicado de prensa de la organización.
«En la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (ANAUCO), creemos que estas fiscalizaciones no solo deben realizarse en empresas del sector privado, sino que por el contrario, deben extenderse a las plantas propiedad del Estado, las cuales ocupan un alto porcentaje de la capacidad instalada para la producción de este emblemático producto indispensable en la cesta básica.
El texto señala que como parte de su Plan de Alerta Alimentaria, «Anauco ha venido visitando durante los últimos cuatro años, distintas plantas de producción de harina de maíz en todo el país, logrando constatar los niveles de producción y calidad en todas las del sector privado, mientras que, en las del sector público el acceso ha sido limitado».
Los comités regionales de usuarios y consumidores pertenecientes a Anauco, recorren semanalmente automercados, abastos, bodegas y los establecimientos de la red pública y en muy pocos de ellos se consiguen las marcas del Estado.
Según los miembros de la asociación esta situación no tiene justificación debido a que el Estado cuenta con más de 10 plantas donde se produce o debe producir Harina de Maíz y una extensa red de abastecimiento en todo el país.
“La fiscalización de las empresas privadas de alimentos es necesaria y así lo hemos defendido siempre, pero nos llama la atención que no se visiten las demás plantas que en su conjunto tienen capacidad para abastecer la otra mitad del mercado”.
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