La Asamblea Nacional aprobó acuerdo que rechaza la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ilegal, en sentencia 59 del pasado 22 de abril de 2020, por considerarla irrita y espuria, que no convalida la condición de Procurador de General de la República al ciudadano Reinaldo Muñoz Pedroza.
El acuerdo fue propuesto por el diputado por el estado Zulia Omar Barboza, quien explicó que el articulo 187 numeral 14, en concordancia con el 249 de la Constitución Nacional se establece que la designación del Procurador General de la República se hace a través de un decreto presidencial con autorización de la Asamblea Nacional, y en el caso del ciudadano Reinaldo Muñoz Pedroza no se ha cumplió nunca ese requisito legal.
“La Asamblea Nacional lo ha rechazado en dos acuerdos anteriores uno en abril del 2018 y otro en diciembre del 2019. Donde se dejó constancia que en ningún caso ese señor Reinaldo Muñoz Pedroza, había sido designado, ni ha habido ningún decreto presidencia, ni autorización de este parlamento”, afirmó el diputado Barboza.
Indicó que ahora la Sala Constitucional del TSJ ilegal, a través de la sentencia 59 del 22 de abril del 2020, pretende darle legalidad a esa designación supuesta como procurador a este ciudadano Muñoz.
Explicó que esa Sala Constitucional del TSJ solo puede tomar decisiones de hecho y no de derecho, por cuanto fue designada en una sesión de la pasada Asamblea Nacional el 23 de diciembre de 2015, donde violando la Constitución y las Leyes, de una manera totalmente irregular, se pretendió designar a 33 magistrados.
En ese sentido dijo que por eso la actual Asamblea Nacional ha declarado en muchas oportunidades que las decisiones que surgen de la Sala Constitucional y del TSJ, no tienen validez como sentencias para la AN porque violan la Constitución y las leyes, para designar a esos magistrados.
Aseguro que esta maniobra del TSJ es para darle, una vez más, una supuesta legalidad a la usurpación general y a la usurpación de la Procuraduría General de la República, por lo que la Asamblea Nacional rechaza esa decisión de la Sala Constitucional y ratifica la designación echa por este ente legislativo de conformidad con el estatuto que rige la transición democrática en su articulo 15 numeral B, donde se designó a un Procurador Especial al ciudadano José Ignacio Hernández que es el que representa los interese patrimoniales de la República ante el mundo.
“Rechazamos esta sentencia por irrita, espuria y de ninguna manera convalida la condición de Procurador General de la República a este señor Muñoz Perozo. En ese sentido he presentado este acuerdo”.
El Acuerdo en rechazo a la ratificación inconstitucional del Procurador de la República por el ilegítimo TSJ, ratifica que ninguna de las decisiones dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia desde el 23 de diciembre de 2015, puede considerarse una sentencia válida y eficaz, y mucho menos vinculante en los términos del artículo 335 de la Constitución, al ser el resultado de la ilegítima composición del Tribunal Supremo de Justicia y, además, formar parte de las acciones políticas orientadas a desmontar el ordenamiento constitucional en Venezuela.
Así mismo confirma que la representación judicial y extrajudicial del Estado venezolano, incluso en arbitrajes internacionales, recae exclusivamente en el Procurador Especial, ciudadano José Ignacio Hernández, titular de la cédula de identidad Nº V-11.554.371, designado de conformidad con el artículo 15, literal “b” del Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Exhortan a las cortes extranjeras, a los tribunales arbitrales internacionales y a cualquier otra autoridad de Estados extranjeros a no aceptar la representación del Estado venezolano ejercida por el ciudadano Reinaldo Muñoz Pedroza o por alguno de los abogados por éste designados.
Finalmente, la Asamblea Nacional establece en dicho acuerdo solicitar a las autoridades extranjeras competentes que inicien los procedimientos conducentes a sancionar a Reinaldo Muñoz Pedroza, y a los abogados designados por éste, por su colaboración política con el régimen de Nicolás Maduro, obstruyendo la legítima defensa de los intereses de la República y el proceso de transición a la democracia.
