La Asamblea Nacional (AN) discute el allanamiento a la inmunidad parlamentaria de la diputada por el estado Monagas, María Aranguren, solicitado por el Tribunal Supremo de Justicia una vez aprobado el antejuicio de mérito contra la parlamentaria
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Sala Plena, declaró con lugar hace seis días la solicitud de antejuicio de mérito interpuesta por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, contra la diputada por la presunta comisión de los delitos de Peculado Doloso Propio, Asociación para Delinquir y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en los artículos 52 de la Ley Contra la Corrupción; y los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, en concordancia con el artículo 16 de la misma ley.
Implicaciones del caso
A juicio de Aranguren, la decisión del TSJ de admitir un antejuicio de mérito en su contra es parte de un «cronograma» para aprobar la Habilitante.
El proceso judicial en contra de la parlamentaria cobra importancia ante el escenario de la discusión del proyecto de Ley Habilitante solicitado por el presidente Nicolás Maduro. Para la aprobación de la ley, que le otorgará poderes especiales al Ejecutivo, es necesario la aceptación de las tres cuartas partes de los integrantes del Hemiciclo. La cifra se traduce en 99 diputados a favor del proyecto.
La diputada denunció en días pasados que el Partido Socialista Unido de Venezuela intenta comprar a su diputado suplente, Carlos Flores, para tener el parlamentario 99.
De acuerdo a las declaraciones de la parlamentaria, el caso del allanamiento forma parte de una presión política para lograr el objetivo de la Habilitante y así poder negociar con su suplente, Carlos Flores, para convertirlo en el «diputado 99».
Fuente: GV
