La Asamblea Nacional denunció este viernes a los siete magistrados que conforman la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como primer paso para lograr su remoción de la institución por haber “secuestrado los derechos del pueblo”.
Un grupo de diputados opositores entregó la denuncia en la sede principal del Ministerio Público en el oeste de Caracas y al salir de la institución fue agredido por supuestos militantes del chavismo con piedras y bombas lacrimógenas.
El diputado Juan Miguel Matheus, en representación del Legislativo, acudió junto a otros legisladores a la sede del Ministerio Público para consignar dos documentos, uno de ellos para denunciar a estos funcionarios por presunta prevaricación o haber dictado a sabiendas una resolución “injusta”.
“(También) hemos solicitado ante el Poder Ciudadano la calificación de falta grave en el ejercicio de la función judicial de esos siete magistrados de la Sala Constitucional para luego poder removerlos en la AN“, dijo a periodistas Matheus, que es miembro de la comisión de Política Interior del Parlamento.
Estos recursos legales son introducidos luego de que el TSJ decidiera el miércoles asumir las competencias de la Cámara por encontrarse esta en “desacato”, un estatus que el Supremo le impuso el año pasado por el incumplimiento de una sentencia.
Matheus aseguró que las acciones de los “siete verdugos” de la Sala Constitucional “engendran responsabilidad penal”.
“Hay un golpe de Estado en este país que se está consumando”, sostuvo el opositor que tildó al presidente, Nicolás Maduro, de “dictador” de “naturaleza fascista”.
Denunció que él y otros diputados fueron agredidos frente al MP por miembros del “paraEstado”, en alusión a varios civiles, supuestamente simpatizantes del chavismo, que les tiraron piedras y empujaron a los opositores.
Efe pudo constatar la presencia de este grupo de supuestos chavistas en el sitio, y presenció las escaramuzas producto de los empujones y los gritos entre opositores y los supuestos oficialistas, muchos de ellos encapuchados.
En paralelo, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, afirmó que la referida sentencia del TSJ representa una “ruptura del orden constitucional” en el país, por lo que manifestó su “alta preocupación por tal evento”.
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Por Confirmado: Gabriella Garcés
