El Tribunal Supremo de Justicia lo pasó y la Asamblea Nacional lo repasó.
La bancada de la Mesa de la Unidad denunció que con la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sancionada ayer en plenaria, la mayoría chavista pretende «convalidar» el castigo que la Sala Constitucional del TSJ impuso a los alcaldes opositores Enzo Scarano y Daniel Ceballos.
El instrumento legal dispone en su artículo 65 lo siguiente: «Quien incumpliere el mandamiento de amparo constitucional será sancionado con arresto de uno a veinte meses. Para el caso de que ejerciere la función pública, el arresto dará lugar también a las sanciones administrativas (…) las reglas del proceso penal, incluyendo las fórmulas alternas de cumplimiento de la pena, no procederán para el arresto aquí establecido».
El diputado Leomagno Flores (AD-Táchira) indicó que en este punto la oposición salvó su voto, objetando que «esa sanción de hasta 20 meses de encarcelamiento no es un arresto, como dijo el TSJ en su ponencia contra los alcaldes, sino una pena de prisión».
Flores subrayó la «diferencia jurídica» entre arresto y pena de prisión, mientras recordó que «en Venezuela el arresto administrativo no pasa de 15 días». La fracción de la MUD propuso que el arresto no superara los 60 días y que la aplicación de la pena de prisión en estos casos fuera potestad exclusiva de los tribunales penales.
El legislador apuntó que también plantearon que la sanción administrativa no comprendiera la destitución de los cargos de elección popular, medida sufrida por Scarano y Ceballos. El chavismo rechazó la petición escudándose en la jurisprudencia de la Sala Constitucional.
La oposición cuestionó que se negaran beneficios procesales para este tipo de arrestos. «La sentencia del TSJ fue una aberración jurídica que ahora se convierte en ley por la actitud genuflexa de la AN. Justifican lo injustificable», censuró Flores.
PEDRO PABLO PEÑALOZA
EL UNIVERSAL
