La Asamblea Nacional a través de la Comisión Delegada, aprobó un acuerdo para la revisión y actualización de todas las Juntas Administradoras Ad Hoc y Juntas directivas de las empresas del Estado y sus filiales, que han sido recuperadas, así como un proceso de evaluación de los activos recuperados, se crea un Consejo Nacional de protección de Activos y se escogerá, mediante concurso, una empresa consultora especializada
Durante la sesión de la Delegada celebrada este martes vía online se debatió sobre el acuerdo en seguimiento a la protección y defensa de los activos de la República en el extranjero, recuperados por el gobierno encargado de Venezuela, documento que se elaboró tomando en cuenta las consideraciones del procurador especial de la República, Enrique Sánchez Falcón.
En el documento se crear una Comisión Especial de la Asamblea Nacional, encargada de supervisar el cumplimiento del presente acuerdo, de acuerdo a las disposiciones y procedimientos contenidos en el Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
También crear un Consejo Nacional de Protección de Activos en el Extranjero, adscrito a la Presidencia Encargada de la República, responsable de la gestión de los activos de la República y de otros entes del Estado Venezolanos recuperados en el extranjero, sin perjuicio de la autonomía del Banco Central de Venezuela, a fin de garantizar su administración de forma técnica, eficiente y transparente, de conformidad con los estándares internacionales que persiguen la correcta gobernanza de las Empresas Estatales y el manejo eficiente de los demás activos de la República.
Señala el documento que este consejo estará conformado por 3 miembros, con una duración del cargo de 2 años, quienes deben contar con los siguientes requisitos: Ser ciudadano venezolano. Poseer titulación académica, y al menos diez (10) años de experiencia en área relevante para el sector energético, experiencia de negocios, en áreas relevantes y complementarias a los sectores de las empresas recuperadas.
Así mismo establece el documento que mediante concurso, escogerá una empresa consultora especializada en procesos de selección de talentos, para la designación de los 3 miembros del Consejo Nacional de Protección de Activos en el Extranjero, empresa que le presentará al presidente Encargado, para que él someta ante la Delegada una quinaria de candidatos, que cumplan con los requisitos antes expuestos.
“El consejo tendrá como función: Supervisar y dar orientación, en representación del ejecutivo, a las juntas directivas de las empresas del Estado, recuperadas por el Gobierno Encargado. En este sentido, podrá proponer cambios en la composición de dichas juntas, los cuales serán valorados por el Gobierno Encargado y la Asamblea Nacional, de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y 17 del Estatuto de la Transición”.
Votos salvados
Sobre este punto el diputado, por el estado Bolívar, José Prat, a nombre de la fracción de La Causa R salvó su voto, debido a que el proyecto de acuerdo tiene una serie de contradicciones.
“Desconocemos los trasfondos del proyecto de acuerdo, por lo que manifestamos que lo poco que hemos leído y revisado se nota una serie de incongruencias y contradicciones que pueden estar reñidos con la constitución, la legislación y el estatuto de la transición, de manera que ante este cumulo de dudas La Causa R salva su voto”.
Prosiguió el diputado por el estado Zulia, Edwin Luzardo, quien a nombre de la fracción 16 de Julio, salvó su voto y rechazó el acuerdo por considerarlo inconstitucional y contrario a lo que se ha planteado.
Finalmente, la diputada por el estado Miranda, Delsa Solórzano, en nombre de las fracciones Proyecto Venezuela y Encuentro Ciudadano, manifestó su desacuerdo por considerar que este tema no se ha debatido suficientemente por la plenaria de la AN, que apenas hoy fue que tuvieron conocimiento del mismo.
Además, destacó que el documento tiene una intención que no es la reestructuración de monómeros o de aquellas empresas que tengan serios inconvenientes con sus juntas administradoras, sino que se crea un organismo supra juntas administradoras, para intervenirlas todas.
“Un organismo de carácter absolutamente político partidista ajenos al verdadero fin que sería la profesionalización del manejo de las empresas, y se crea un nuevo ente para el resguardo de los activos de la nación, obviando que ya existe uno”.
Una vez aprobado el acuerdo el presidente de la Asamblea Nacional legítima Juan Guaidó, solicitó con carácter de urgencia que la Comisión de Contraloría debe pronunciarse sobre la supuesta contratación del escritorio de Otto Reich por parte de Monómeros, e investigar la modificación de la Juntas directivas.
AN
