Hay quien o quienes argumentan a favor de una amnistía para los victimarios. Un borrón y cuenta nueva que abra una rendijita a una transición del olvido. Aquí no pasó nada.
¿Y las víctimas en qué escalón quedan?
El reporte actualizado al 3 de junio de Foro Penal indica que 279 venezolanos están encarcelados por razones políticas. 279 presos políticos: 254 hombres, 25 mujeres; 149 militares, 130 civiles; 146 condenados, 133 sin condena. Desde 2014, se han producido 15.837 encarcelaciones por el ejercicio de derechos políticos (incluso sin ejercerlos): 4 por día, uno cada 6 horas.
De los detenidos desde 2014, 45 han sido encarcelados por ser familiares o estar vinculados de cualquier manera con personas que el gobierno detuvo o pretendía detener. 10 se mantienen tras las rejas, 5 condenados, 5 en juicio. 19 tienen libertad plena, 16 siguen sometidos arbitrariamente a juicio con medidas cautelares.
De los que están actualmente encarcelados, 56 presentan un delicado cuadro de salud. Destacan los casos de Emirlendris Benítez y Javier Tarazona.
Los 133 presos que no han sido condenados deberían ser juzgados en libertad. Como establece la Constitución. De ellos, 103 llevan más de 3 años en detención preventiva. Exceden por tanto el límite máximo y excepcional de 3 años. Deberían ser liberados de inmediato.
Al inicio de una transición en Venezuela se impone como fundamental, sobre la base de datos corroborados, una amnistía plena, absoluta y amplia para:
Todos los que están injustamente privados de su libertad por motivos políticos, que se encuentren condenados o que están siendo todavía procesados.
Las casi 10.000 personas que están sujetas a procesos penales arbitrarios y por razones políticas, sometidas a medidas cautelares.
Aquellos que hayan sido liberados por medios procesales tras haber cumplido una injusta condena.
Foro Penal, que facilitó las cifras aquí expuestas, sostiene que en ningún caso la amnistía exime al Estado de sus responsabilidades.
A esta asociación civil creada en 2005 como “respuesta a la represión por parte del Estado venezolano en contra de ciudadanos considerados como disidentes u opositores de las políticas gubernamentales”, le preocupa mucho que una posible transición incluya un esquema de perdón e impunidad para quienes hayan violado los derechos humanos. Ven señales de alarma incluso en el discurso opositor.
Una transición sin justicia -advierte Foro Penal- no logrará una paz verdadera y sería una bofetada a las víctimas.
Editorial de El Nacional
