Amnistía Internacional (AI) respaldó este miércoles la demanda penal presentada ante la Justicia de Argentina por la Fundación Clooney para que investigue los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
La organización señaló que la demanda representa un “importante paso para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación para víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela”.
“Ante la demanda penal interpuesta en Argentina por familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, la justicia argentina tiene la obligación de investigar estos crímenes y, de hallarse pruebas suficientes y admisibles, debe acusar y condenar a los presuntos perpetradores. Los titánicos esfuerzos de las víctimas para obtener verdad, justicia y reparación, ante la impunidad imperante en Venezuela, con el valioso apoyo de organizaciones como la Clooney Foundation for Justice, no pueden caer en oídos sordos. La justicia federal de Argentina no puede darles la espalda a las víctimas; por el contrario, debe abrir la puerta a la jurisdicción universal y generar un precedente importante para que otros países de la región sigan el mismo curso de acción”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Por su parte, Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, afirmó que los tribunales argentinos “tienen la competencia constitucional sobre estos crímenes no por dónde hayan sido cometidos o por quién, sino porque se trata de hechos que dañan a la humanidad en su conjunto”
“Esperamos que el sistema de justicia argentino esté a la altura de las circunstancias y sostenga su tradición histórica de perseguir y castigar a quienes resulten responsables en todos los niveles por estos hechos”, sostuvo.
En contexto
La Fundación Clooney para la Justicia (CFJ), dirigida por Amal y George Clooney, presentó este miércoles una denuncia ante la Justicia de Argentina para que investigue las violaciones a los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Venezuela en base al llamado “principio de jurisdicción universal” debido a las fallas de la Justicia del país caribeño.
“Argentina debe investigar las sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela, sobre la base del principio de jurisdicción universal”, reza el comunicado emitido por la fundación creada por el actor estadounidense y su esposa, una reconocida abogada defensora de los derechos humanos.
Las pruebas presentadas por la CFJ apuntan a la posible responsabilidad penal de las fuerzas de seguridad venezolanas en la comisión de crímenes de lesa humanidad contra víctimas percibidas vinculadas a la oposición política del gobierno chavista.
Según la CFJ, Argentina es una jurisdicción apropiada dada su apuesta por la jurisdicción universal, con una “sólida línea de precedentes”, porque la justicia federal argentina ha aplicado con anterioridad el principio de jurisdicción universal.
“Argentina puede convertirse en un faro de esperanza para las muchas familias y víctimas venezolanas que llevan años esperando justicia”, dijo el responsable Senior de Programas que dirige las investigaciones de CFJ sobre Venezuela, Ignacio Jovtis, en declaraciones recogidas por el comunicado.
El equipo The Docket de CFJ representa en este caso a familiares de dos víctimas de violencia indiscriminada en Venezuela.
“El sistema de justicia venezolano está fallando a las víctimas de atrocidades masivas en su lucha por la justicia”, dijo la directora de Asesoramiento Jurídico de The Docket, Yasmine Chubin, y “por eso estamos ayudando a las personas sobrevivientes y a sus familias en la recopilación de evidencias de los crímenes cometidos en su contra y en la búsqueda de jurisdicciones alternativas para garantizar que los autores de estos crímenes rindan cuentas”.
Según señaló CFJ, desde 2014, cuando comenzaron a producirse estos crímenes, las autoridades venezolanas “han incumplido” su obligación de poner en marcha investigaciones efectivas sobre los presuntos crímenes internacionales cometidos por funcionarios venezolanos.
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