Venezuela no ha investigado de forma eficaz ni llevado ante la justicia a los responsables de 43 muertes durante las protestas contra del Gobierno de Nicolás Maduro que sacudieron el país el año pasado, dijo el martes Amnistía Internacional.
En un informe presentado en Madrid a un año de las protestas, Amnistía aseguró que la falta de respuesta de las autoridades ante los abusos y torturas perpetrados contra cientos de personas dejó la puerta abierta a más episodios de violencia en el país.
“Las autoridades venezolanas no han investigado la mayoría de las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar, ni las víctimas han tenido acceso a la justicia, ni a reparación ninguna”, dijo Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, en una rueda de prensa.
A principios de febrero de 2014, decenas de miles de venezolanos salieron a las calles en varias ciudades del país para protestar contra la alta inflación, la escasez de productos básicos y la inseguridad de la que culpaban al presidente Maduro, heredero político del fallecido Hugo Chávez.
Las protestas, muchas de ellas lideradas por estudiantes, derivaron en muchos casos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y partidarios del Gobierno del país de 29 millones de habitantes. Los disturbios también causaron casi 900 heridos.
Según Amnistía, un total de 3.351 personas fueron detenidas durante las protestas, muchas de ellas de forma arbitraria. Aunque la mayor parte quedó en libertad, se presentaron cargos contra 1.404 y 25 todavía están detenidas a la espera de juicio.
El organismo dijo haber documentado decenas de casos de detenidos que fueron sometidos a torturas o malos tratos como golpes, agresiones sexuales o descargas eléctricas durante el tiempo que permanecieron bajo custodia.
“En la mayoría de los casos, los perpetradores están en libertad”, declaró Nuria García, investigadora de la organización para Venezuela, durante una rueda de prensa.
Uno de los líderes de la oposición venezolana, Leopoldo López, se entregó a las autoridades y permanece encarcelado desde hace más de un año bajo acusaciones de instigar a la violencia. También siguen en prisión el alcalde de la ciudad occidental de San Cristóbal, Daniel Ceballos, y la activista Rosmit Mantilla.
