Desde que en 2018 se introdujo el expediente de Venezuela ante la Corte Penal Internacional por acusaciones de crímenes de lesa humanidad, los del régimen se hicieron la vista gorda confiados en que todas sus palancas los sacarían con bien del entuerto. Pero parece que ni con lo que haya podido hacer la hermana de uno de los más importantes jefes del chavomadurismo ni con la fiscal Fatou Bensouda se van a salvar del susto.
Es como el cuento del “Pedro y el lobo”, porque los que seriamente se han puesto a trabajar en el expediente con el respaldo de países como Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Panamá, se han ocupado de sustanciar las acusaciones en tres casos específicos, el de Juan Pablo Pernalete (2017), el del concejal Ricardo Albán (2018) y el del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo (2019).
Bensouda dijo hace unos días: “Se han cumplido la mayoría de los criterios para la apertura de una investigación preliminar”, algo que se había cuidado de decir durante estos años. Aunque no está tomada la decisión, se espera que la fiscal anuncie lo que ha decidido en varios casos que tiene en su despacho, entre ellos el venezolano.
Se sabe que este proceso es largo y puede llevar años, si se da el caso de que la fiscal dé carta blanca para el próximo paso que es la investigación formal. Esto implicaría declaraciones de testigos e implicados y eso llevaría tiempo. Es lógico que todos los venezolanos de bien quisieran que se hiciera justicia inmediata, pero no hay que perder la calma.
Los que han estado corriendo a ver si pueden escapar del juicio son los de la cúpula que ordena desde Miraflores, con su fiscal. Es evidente que han manejado información privilegiada que les ha permitido hacer algunos movimientos para protegerse, como por ejemplo los cambios en la clasificación de los delitos en el caso de Albán o Pernalete y el procesamiento de algunos subalternos. Quieren escudarse en el principio de “complementariedad” que indica que si el gobierno actúa en contra de los responsables no hace falta que la CPI se ocupe del caso.
Lo que parece que no han tomado en cuenta es que en ninguno de los procesos corregidos a la carrera por el fiscal se apunta a algo muy importante y es la cadena de mando de las responsabilidades de estos casos. No son solo los autores “materiales” los que deben ser juzgados, sino los que sistemáticamente han ordenado cometer estos crímenes.
Hay que esperar unos días para saber si los familiares de estas tres víctimas podrán tener un poco de esperanza de que se haga justicia, aunque tarde años. Y aunque sean solo tres nombres, todos los sobrevivientes de cuantos han perdido la vida en esta larga lucha por la libertad seguramente recibirán un poco de consuelo. Esperemos que así sea.
Editorial de El Nacional
