A primera hora de la mañana del 1 de agosto del 2020, Verónica Silveri recibió una llamada que cambiaría el rumbo de su vida. Quien la contactó le advirtió, que un grupo de agentes armados del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) rodeaba su residencia. Ella se encontraba fuera por asuntos personales, sin imaginar que, en cuestión de minutos, su hogar se transformaría en la escena de un operativo autoritario.
Al llegar, la imagen era devastadora: la puerta principal había sido forzada y el interior estaba completamente revuelto. Habitaciones abiertas, cajones desparramados, objetos tirados en el suelo. Todo indicaba que no se trataba de una simple inspección, sino de una irrupción violenta ejecutada sin transparencia ni orden judicial visible. Los agentes del SEBIN aseguraron que actuaban bajo una supuesta investigación, pero no ofrecieron explicación alguna a los vecinos que justificara el despliegue.
Durante el operativo, los funcionarios confiscaron todo el equipo tecnológico que la periodista utilizaba para su labor de investigación. Computadoras, dispositivos de almacenamiento, documentos impresos, grabaciones y archivos que contenían años de trabajo dedicado a documentar abusos, violaciones a los derechos humanos y testimonios de víctimas. Cada dispositivo incautado representaba no solo herramientas de trabajo, sino evidencia valiosa que había sido recopilada meticulosamente en un contexto donde la verdad es perseguida.
La escena dejó al descubierto la arbitrariedad con la que opera el régimen de Nicolás Maduro. La periodista se encontró ante un acto de intimidación que buscaba despojarla de su privacidad, vulnerar la integridad de sus investigaciones y enviar un mensaje claro: en un sistema autoritario, el periodismo independiente es un objetivo a neutralizar. Atentar contra su vida era mucho más sencillo desde ese momento
El allanamiento marcó un antes y un después en su vida profesional. Lo que para los agentes fue un decomiso impune, para ella significó la pérdida de años de trabajo y la violación directa de la confianza que víctimas y fuentes habían depositado en su labor. Sin embargo, la experiencia también reforzó el propósito que guía su oficio: seguir exponiendo abusos y documentando verdades en un país donde la información incómoda es tratada como una amenaza.
En medio de la devastación, una certeza emergió con más fuerza que el miedo: ni la intimidación ni la confiscación de su material lograrían detener su compromiso con la justicia. El allanamiento, lejos de silenciarla, se convirtió en un recordatorio del riesgo permanente que enfrentan quienes desafían al poder autoritario y, al mismo tiempo, en un impulso renovado para continuar su labor en defensa de los derechos fundamentales.
NOTA DE PRENSA
