Más de 16 alcaldes, junto con gobernadores, sindicalistas y funcionarios, se movilizaron desde Altamira hasta la Vicepresidencia de la República para exigir el pago de los recursos correspondientes a aumentos salariales y beneficios de los trabajadores. Denunciaron que no han recibido la asignación de más de 155 millardos de bolívares que el presidente, Nicolás Maduro aprobó hace más de un mes para alcaldías y gobernaciones.
“No sabemos dónde están los recursos. Tenemos información que el dinero del crédito adicional llegó a aquellas gobernaciones y alcaldías del oficialismo, pero no a las gobernadas por líderes de oposición. Es una acción irregular e ilegal que genera más inestabilidad política y social en Venezuela”, dijo Henri Falcón, gobernador del estado Lara. Resaltó que el anuncio presidencial aún no aparece en Gaceta Oficial.
Liborio Guarulla, gobernador del estado Amazonas, explicó que, al menos, 75 alcaldías y 3 gobernaciones dirigidas por la oposición se encuentran en esta situación. “Vemos que los gobernadores y alcaldes oficialistas no están protestando porque a ellos sí les pasaron recursos a través de Fonden. Esto es completamente irregular. Hemos sido excluidos del Fondo Nacional para el Desarrollo Endógeno y además los recursos que tenían que entregarnos este mes no han llegado”.
Guarulla señaló que el documento lo recibió Fidel Vásquez, director general de la Vicepresidencia de la República: “Hemos sido discriminados y maltratados una vez más. Al vicepresidente lo recibimos en el Palacio Legislativo, en las gobernaciones y en las alcaldías, mientras que nosotros tenemos que estar parados, como mendigos, para exigir los recursos que le corresponden al pueblo de Venezuela. Seguiremos manifestando hasta que tengamos una respuesta pública”.
Ramón Muchacho, alcalde del municipio Chacao, denunció que la deuda del gobierno comenzó en el momento cuando decretó aumentos de sueldo mínimo y de tickets de alimentación. “Las alcaldías presupuestaron aumentos de 20% a 50%, pero el bono de alimentación pasó de 6.000 a 63.000 bolívares; es decir, el incremento fue de 1.000%. En el caso del municipio Chacao, el monto que hemos exigido a la oficina nacional de presupuesto es de 3 millardos de bolívares. Hasta la fecha hemos recibido, vía créditos adicionales, solo 180 millones, 6% de lo que necesitamos”.
A la alcaldía del municipio Sucre, el gobierno le ha transferido 443 millones de los 2,7 millardos de bolívares que necesitan para pagar a los empleados, aseguró el mandatario local Carlos Ocariz. “La diferencia entre lo que enviaron y lo que cuestan los aumentos es grande. ¿De dónde sale el pago, entonces? De los mismos ingresos de la alcaldía, por lo cual se afectan los programas sociales que desarrollamos.
Adriana González, alcaldesa del municipio Atures del estado Amazonas, destacó que es la cuarta vez en la que piden ser atendidos por la Vicepresidencia sin recibir respuestas y que en estados como Amazonas el principal empleador es la gobernación y la alcaldía, por lo que esta deuda perjudica a miles de familias.
Amenazas y persecución sin frenos
Ramón Muchacho, alcalde del municipio Chacao, resaltó que el acoso y las amenazas a los alcaldes opositores es constante: “10% de los alcaldes de la Unidad, que fueron elegidos en 2013, están fuera de sus cargos por esta arremetida del gobierno en contra de la descentralización”.
Patricia Ceballos, alcaldesa de San Cristóbal, como parte de estas medidas injustas que lleva el gobierno nacional, recordó a los presos políticos. “No les ha bastado con encarcelar a mi esposo, Daniel Ceballos, alcalde elegido de San Cristóbal; a Enzo Scarano, alcalde de San Diego; a Leopoldo López o al alcalde mayor Antonio Ledezma, sino que también ahora discriminan a nuestros funcionarios. La deuda en San Cristóbal asciende a más de 1.040 millones de bolívares. Son más de 2.500 familias que se perjudican”.
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Fuente: El Nacional
Por Confirmado: David Gallardo
