Productores agropecuarios estiman que deben dejar hasta 30% de su mercancía en las autopistas y carreteras del país, debido a la «matraca» que se ha convertido en un impuesto que se paga en todas las alcabalas del país.
«Todo el mundo sabe que en las alcabalas roban, pero hay una suerte de permisibilidad por omisión y el Gobierno no hace nada. Es parte de un proceso de desinstitucionalización que ha habido en el país en los últimos 20 años», sostiene Manuel Gómez, director general de Acción Campesina.
«En estos meses de pandemia ha habido una multiplicación de esos controles, y todo el país está lleno de historias de cómo extorsionan», señala el dirigente, quien añade que el gobierno de Nicolás Maduro no actúa, permite la situación por omisión.
Esta es una práctica histórica en Venezuela que se agudiza en situaciones especiales, como operativos por feriados, temporadas vacacionales, ciclos de cosechas y ahora con la larga emergencia derivada de la pandemia de covid-19, que obliga a trabajar con limitaciones por los confinamientos.
En el trayecto entre Caracas y Guanare, capital del estado Portuguesa -un viaje de 6 o 7 horas por tierra- se pueden encontrar fácilmente entre 10 y 15 alcabalas entre fijas y móviles y en todas ellas siempre se aprecia la fila de camiones de carga apostados para la revisión.
«Ahora con la pandemia eso ha aumentado. A mí me sorprende que en carreteras viajando de Caracas a Barquisimeto o a Guárico la distancia entre la alcabala de la policía del estado y la alcabala de la Guardia Nacional sea de apenas 200 metros, y yo creo que la multiplicación de las alcabalas en pandemia está asociada más a la necesidad que tienen los funcionarios de expoliar y de quitarle real a la gente», sostiene Manuel Gómez, de Acción Campesina.
En una entrevista publicada en el sitio web de Provea, Gómez subraya que los pequeños, medianos y grandes agricultores no hallan cómo resolver temas como la inseguridad, las dificultades para obtener los permisos necesarios, como guías de movilización, para el transporte de mercancía, especialmente en el sector pecuario; y no hay una política pública que favorezca la investigación agrícola. No hay asistencia técnica a los productores.
«Toda esa institucionalidad que estaba al servicio de las actividades productivas fue desmantelada por el chavismo y hoy día estamos en un estado de abandono total por parte del Estado. Se trata de una precarización de la institucionalidad, la cual está siendo sustituida por una suerte de institucionalidad paralela y una parainstitucional, que se va conformando a partir de los caprichos de alguna gente, como alcaldes y gobernadores que ordenan que de un determinado municipio o estado no sale nada, u obligan a los productores a vender a pérdida parte de la producción», señala el productor y dirigente gremial.
La situación ahora se agrava por la escasez de gasoil, que ha paralizado más de 50% de la flota nacional de transporte de carga, por lo que los volúmenes movilizados se están reduciendo de manera dramática, lo que genera un renovado riesgo de desabastecimiento, sobre todo de alimentos.
Fuente: Banca y Negocios
Por: Maria Laura Espinoza
Twitter: @i_am_LauEz14
