La confusión reina en Venezuela luego de que empresas de transporte marítimo de mercancías comunicaran recientemente a sus clientes un ajuste fiscal en las políticas aduaneras, que expertos consideran una reanudación de controles y cobros de impuestos para ciertos tipos de envíos, anulados en 2017 para facilitar la entrada de bienes ante la escasez que vivía entonces el país.
Las dispares informaciones difundidas este mes por algunas compañías, que aseguraron haber recibido notificaciones oficiales «de manera inesperada», desconcertaron a los clientes, algunos de los cuales decidieron retener sus compras hasta tener mayor claridad al respecto o empezaron a usar el servicio aéreo, pese a ser más costoso.
Carlos La Rosa, un informático de 41 años de edad, dijo a EFE que una reciente compra que hizo de «unos refrigerantes», que solo se pueden «traer por barco», la ha mantenido en Estados Unidos durante las últimas semanas tras estas comunicaciones.
«No hay nada claro (…) de cuánto va a costar traer ese paquete. (La empresa) nos recomendó esperar (hasta saber) las medidas que iban a tomar, (…) los costos aparte de lo que cuesta la caja, que es lo que va a cobrar el Gobierno», dijo el venezolano, quien recibe productos frecuentemente.
Una empresa señaló que, según «nuevas regulaciones establecidas», los «envíos estrictamente personales» deberán «cancelar un impuesto de 38 % sobre el valor declarado por cada caja», de un «mínimo» de 100 dólares, un porcentaje que otra compañía anunció que será de un 35 %.
Si bien el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) no ha aclarado esta confusión, expertos consultados por EFE aseguraron que el Gobierno, de manera «sorpresiva», ha vuelto a aplicar la normativa ya existente, tras lo que las compañías tienen que adecuar «sus sistemas y sus estructuras» al proceso de nacionalización.
Un sexenio sin regulación
Estas empresas prestan un servicio conocido en el país como «puerta a puerta», que la ley define como el «transporte expreso» de «correspondencia, documentos y encomiendas internacionales», el cual solo puede hacerse «por vía aérea o terrestre».
Sin embargo, según dijo a EFE el economista Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica, «muchas empresas migraron» al servicio marítimo debido a que el Gobierno «dejó de aplicar» la norma a partir de 2017, cuando el país vivía una escasez «muy grande» de productos, y a que es menos costoso en comparación con el aéreo.
El Ejecutivo, prosiguió el experto, permitió «la entrada indiscriminada de productos a través de los servicios de ‘courier’ o de puerta a puerta», pero vía marítima, entre ellos alimentos y una «gran cantidad» de medicinas, lo que mantuvo por «seis años».
«Esa mercancía entraba sin ningún tipo de control, ni en temas de nacionalización ni en temas de permisología», señaló.
Como consecuencia, hubo un crecimiento «masivo» e «inusitado» de estos envíos «puerta a puerta», que en 2022 representaron cerca del 30 % del total de las importaciones, debido a que «mucha gente decidió» hacerlo «no tanto para uso personal, sino para comercializar», ya que se ahorraban «todo lo relativo a la nacionalización».
Este mecanismo, sostuvo, «permitió mejorar bastante el abastecimiento para enfrentar la escasez», pero también «se aprovechó para otra cosa», ya que se usó también para la entrada de celulares, «contenedores de carros (automóviles)» y otros productos.
Ahora, «el Gobierno, sorpresivamente, decidió regularizar esto (para que) todo el sistema de ‘courier’ se hiciera, principalmente, aéreo», dijo Oliveros, quien precisó que los marítimos tendrán que pagar «los impuestos en función de unas especificaciones de los productos».
«Muchos productos que entraban sin pagar ningún tipo de impuesto o de tasa ahora lo tendrán que pagar. Eso va a encarecer estos productos y va a cambiar un poco la dinámica interna, (…) va a haber actores, empresarios, que ya no les va a ser rentable traer esta mercancía», explicó.
Necesidad de recursos
A juicio de Oliveros, la decisión de retomar la regulación responde a la «necesidad del Gobierno de contar con recursos» ante una dinámica electoral que, «próximamente», «se va a exacerbar» debido a las elecciones presidenciales de 2024.
Señaló que en este plan no anunciado están incluidas, además del cobro de «impuestos a la parte de importación», medidas como el «aumento (del precio) del diésel» y un «ajuste de algunas tarifas» de servicios.
El Gobierno informó recientemente del fin de su política de subsidio total al diésel para el sector industrial, un combustible que se entregaba de manera gratuita al transporte de carga y que ahora tiene un precio de 0,32 centavos de dólar el litro.
Todo esto, sostuvo Oliveros, está «englobado en una mejora en el flujo de ingresos del Estado.
2001
