Amnistía Internacional emitió un comunicado este viernes rechazando la decisión del Gobierno Nacional de accionar jurídicamente en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos.
La denuncia del Gobierno venezolano, que tomará efecto el 10 de septiembre, sobre esta instancia podría provocar que las personas de nuestro país queden fuera de la protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«Venezuela debe revertir inmediatamente su decisión de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos y comprometerse a la real protección de todas las personas», expresa Amnistía International en su comunicado.
La directora adjunta del programa América de Amnistía Internacional, Guadalupe Marengo, aseguró que la decisión del Estado venezolano «es una afrenta a las víctimas de violaciones de derechos humanos y pone en riesgo a generaciones futuras de venezolanos. Además, va en contra de la propia Constitución venezolana que garantiza el acceso a órganos internacionales para solicitar amparos».
Marengo precisó que la actitud del Gobierno venezolano «es altamente contradictoria» ya que «por un lado, enarbola la bandera de la ratificación universal de la Convención Americana sobre Derechos Humanos e insta a otros países a ratificar dicho instrumento pero al mismo tiempo la denuncia y priva a sus habitantes la posibilidad de acceder a una de sus instancias de protección».
Venezuela recientemente apoyó una resolución que insta a los miembros de la Organización de Estados Americanos a ratificar todos los instrumentos jurídicos sobre derechos humanos de la región, en particular la Convención Americana.
Venezuela también ha apoyado iniciativas similares en el ámbito de la Unasur y del Mercosur. «Privar a los venezolanos y venezolanas de la opción de acudir a la Corte es escandaloso», agregó Marengo.
Denuncia
El 10 de septiembre 2012 Venezuela presentó una nota al Secretario General de la Organización de Estados Americanos comunicando la decisión de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La denuncia de Venezuela no significa que este país se aparte del Sistema Interamericano, dado que como órgano principal de la organización, la Comisión Interamericana podrá continuar supervisando el cumplimiento por parte de Venezuela de sus obligaciones en cuanto a derechos humanos.
Por lo tanto, los ciudadanos y ciudadanas podrán continuar haciendo llegar peticiones a dicho órgano cuando sus derechos no hayan sido reconocidos o protegidos en el ámbito interno.
Esta decisión, sin embargo, limitará el acceso a la jurisdicción de la Corte Interamericana en relación con casos que hayan sucedido después del 10 de septiembre de 2013.
Fuente: El Nacional
