Los líderes mundiales «no han estado a la altura» en sus condenas al caso de los 43 estudiantes desaparecidos en México, poniendo sus intereses económicos y políticos por encima de la defensa de los derechos humanos, opinó hoy la directora para América de Amnistía Internacional, Erika Guevara.
«Un caso como el de Ayotzinapa, la desaparición de 43 estudiantes, pone a prueba a los líderes globales y hasta ahora su pronunciamiento ha sido muy limitado», dijo en una entrevista con Efe, en la que explicó que en casi todos los casos el mensaje del exterior ha sido de apoyo al presidente Enrique Peña Nieto.
Aunque en un inicio algunos países se pronunciaron sobre el tema «como una de las grandes tragedias que se viven actualmente en el mundo», hoy «sabemos que hay intereses detrás, económicos y políticos», de que el tema pase a un segundo plano, apuntó.
«El Gobierno de México forma parte de núcleos de poder político globalmente que busca tener una imagen internacional que atraiga inversiones extranjeras, pero también atraiga poder político», agregó.
Por ejemplo, en el caso de EE.UU., país vecino y socio comercial, el presidente Barack Obama exigió una investigación profunda, pero siempre ha mostrado apoyo a su homólogo mexicano.
«Creo que los Estados tienen una responsabilidad y un compromiso internacional por la defensa de los derechos humanos (…) que tienen que llevar a cabo hasta sus últimas consecuencias, aun cuando eso implique un daño en sus intereses económicos en un país determinado, en este caso México», comentó Guevara.
En una conferencia de prensa, Amnistía Internacional pidió hoy a la fiscalía que explore «exhaustivamente» todas las líneas de investigación, al considerar que las pesquisas en torno a la desaparición forzada de los estudiantes en el sur de México hace casi cuatro meses está lejos de ser concluyente.
En opinión de la organización, el fiscal mexicano, Jesús Murillo, no ha examinado todas las posibles líneas de investigación, como es la de la posible complicidad de las Fuerzas Armadas y de otras autoridades en la desaparición.
Los padres de los 43 estudiantes han denunciado que integrantes del Ejército podrían estar involucrados en la desaparición de sus hijos el pasado 26 de septiembre en Iguala tras un ataque a tiros perpetrado por policías locales y han pedido la apertura de una línea de investigación al respecto.
Además, han solicitado al Gobierno que les permita buscar a los jóvenes en cuarteles militares, lo que ya fue aceptado, aunque las autoridades rechazan tajantemente la participación de las fuerzas federales en la noche violenta del 26 de septiembre.
Según Guevara, el hecho de que la fiscalía esté barajando este caso como un delito de secuestro y no como desaparición forzada es una muestra de que no hay interés de abrir una investigación para conocer la verdadera implicación de funcionarios estatales e incluso federales.
«Para nosotros es de gran preocupación que nuevamente se quieran ocultar las graves violaciones a los derechos humanos, la crisis de seguridad que existe en el país, porque el ocultamiento es un paso para no atender estas problemáticas y dejar a las víctimas nuevamente sin verdad y sin justicia», apuntó.
Guevara habló también de la importancia de «no dejar que este caso quede en el olvido», algo que es «una responsabilidad de la sociedad», que no puede dejar de exigir verdad y justicia.
«Estas graves violaciones a los derechos humanos tienen un patrón común, el hecho de que en un inicio causan un clamor popular para que se busque la verdad y la justicia», pero luego «hay un desgastamiento de las sociedades» como la mexicana, que «ha normalizado la violencia en la vida cotidiana de las personas y eso es un espacio que aprovechan los Estados», explicó.
Amnistía hizo el balance de la investigación de la fiscalía dos días después de que se anunciara que forenses austríacos no habían logrado identificar 16 restos calcinados que se cree pueden corresponder a los estudiantes, por lo que recurrirán a otra técnica que puede tardar unos tres meses.
Hasta ahora, solo uno de los 43 jóvenes ha sido identificado por el laboratorio de la Universidad de Innsbruck a partir de los restos hallados en un vertedero de basura en el municipio de Cocula, vecino a Iguala, donde miembros del cártel Guerreros Unidos dijeron haberlos asesinado e incinerado.
AI indicó que este caso ha puesto de relieve la terrible situación de los derechos humanos en México, donde -según datos oficiales- han muerto violentamente más de 100.000 personas desde que comenzó la guerra contra el narcotráfico en 2006 y han desaparecido al menos 23.000.
Fuente: Agencia
