El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respaldado por unos 50 países en la ONU, recibió apoyo de la justicia -de línea oficialista- para contrarrestar la ofensiva de Juan Guaidó por el control de la estatal petrolera PDVSA.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó un proceso de “enjuiciamiento penal” contra 15 ejecutivos que el Parlamento, presidido por Guaidó, nombró el miércoles para formar cuatro nuevas juntas administradoras ad hoc en PDVSA y sus filiales en Estados Unidos.
Reconocido también por 50 países como presidente interino de Venezuela, Guaidó, de 35 años, celebró los nombramientos como “un paso adelante en la reconstrucción de PDVSA”.
El Congreso de mayoría opositora nombró en Citgo Petroleo Corporation, filial de PDVSA en Estados Unidos, a Luisa Palacios, Ángel Olmeta, Édgar Rincón, Luis Urdaneta, Andrés Padilla y Rick Esser. Además, a las juntas directivas de PDVSA, de PDV Holding Inc y Citgo Holding Inc.
El TSJ consideró que todos fueron nombrados por un Legislativo en desacato, cuyas decisiones son “nulas”, y que los designados incurren en delitos de “usurpación”, “corrupción”, “delincuencia organizada” y “terrorismo”.
La resolución del TSJ dispuso el inicio de los trámites para el traslado a Venezuela de los acusados, la mayoría de los cuales están en Estados Unidos, al tiempo que ordenó congelar sus cuentas.
Colapso petrolero
Las designaciones del Legislativo buscan inhabilitar a las directivas designadas por el gobierno de Maduro, pero de momento se desconoce cómo operarán las empresas con esa situación.
“La petrolera se mantiene en pie con el desarrollo normal de sus actividades y estamos conscientes de los ataques imperialistas a los que hemos estado sometidos”, dijo la directora externa de PDVSA, Yurbis Gómez, en reunión del Comité Ejecutivo encabezada por el ministro de Petróleo y presidente de la compañía, Manuel Quevedo.
El anuncio del TSJ se produjo apenas horas después que la fiscalía abriera una investigación a los nuevos directivos de PDVSA y Citgo, que incluye además a embajadores designados por Guaidó en una decena de países.
Maduro había advertido que quienes aceptaran nombramientos “ilegales” iban a enfrentarse a la justicia.
PDVSA, otrora una de las cinco mayores petroleras del mundo, está colapsada por la caída de su producción (1,1 millones de barriles diarios, la más baja en 30 años), la corrupción, el default, la falta de inversiones y las sanciones estadounidenses.
Estados Unidos congeló cuentas y activos venezolanos -cuyo control entregó a Guaidó-, y desde el 28 de abril embargará la vital exportación de crudo venezolano a su mercado. Caracas cifra en 30.000 millones de dólares el daño a la economía por el “bloqueo estadounidense”.
La petrolera, que financia 96% del presupuesto del país, exporta a Estados Unidos cerca de la mitad de su producción, lo que representa 75% de su flujo de caja.
Pero, según la agencia estadounidense de Energía (EIA), las compras de crudo venezolano totalizaron 117.000 barriles por día la semana pasada, cinco veces menos que los 587.000 de la semana cerrada el 25 de enero.
“La ayuda entra sí o sí”
La ONU está dividida entre la cincuentena de países que apoyan Guaidó y los que apoyan a Maduro.
El canciller venezolano Jorge Arreaza anunció el jueves en Nueva York la creación de un grupo de unos 50 países como Rusia, China e Irán para defender la Carta de las Naciones Unidas ante la posibilidad de una invasión militar estadounidense.
El gobierno anunció a la vez la llegada de cerca de 1.000 toneladas de medicinas e insumos médicos provenientes de Cuba y China, tras lo que Guaidó acusó a Maduro de mentir sobre un “bloqueo”.
Maduro sostiene que Venezuela es centro de una lucha geopolítica, en la que Washington busca apropiarse de su petróleo usando a Guaidó como “títere”.
Estados Unidos envió ayuda humanitaria para los venezolanos a la frontera con Colombia, pero el gobierno socialista la rechaza al considerarla la vía a una intervención.
“La ayuda humanitaria entra sí o sí, la usurpación cesa sí o sí, porque hay un pueblo decidido”, aseguró este jueves Guaidó en un encuentro con trabajadores.
Guaidó asegura que esa asistencia ingresará el 23 de febrero, cuando cumplirá un mes de haberse autojuramentado luego de que el Congreso declarara a Maduro “usurpador” al denunciar su reelección como “fraudulenta”.
Delegados de Guaidó anunciaron el jueves en la sede de la OEA haber recaudado en las últimas tres semanas más de 100 millones de dólares en ayuda Venezuela, que vive una severa crisis que ha provocado el éxodo de unos 2,3 millones de venezolanos desde 2015, según la ONU.
AFP
