El presidente de la Asociación de Productores Rurales de Portuguesa, (Asoportuguesa), Juan Fernando Palacios, indicó que el nuevo subsidio anunciado por el Gobierno al kilo de arroz paddy, frenará la tendencia creciente que por dos años consecutivos se ha alcanzando en la producción del rubro.
En nota de prensa, Palacios señaló que en el ciclo invierno pasado, el ingreso del agricultor fue de Bs. 4,63 por kilo de arroz paddy arrimado a la agroindustria; Bs. 2,5 los paga la empresa o industria y Bs. 2,13 provenía de un subsidio otorgado por el Gobierno, “que vendría a representar un 46% de los ingresos y del que aún se adeuda al aproximadamente 20% de los productores a nivel nacional”.
Añadió que aún tienen pendiente el pago a más de 80 productores de Portuguesa del subsidio aprobado por el Gobierno en 2008. «Si el Gobierno no ha terminado de cumplir con el subsidio de Bs. 2.13 por kilo de arroz, quién nos garantiza que ahora sí va a cubrir los Bs. 4.70 a la totalidad de los productores, con una situación económica que -dicha por los propios funcionarios- es bastante complicada», aseveró Palacios.
Al presidente de Asoportuguesa le preocupa que con esta nueva subvención aumente el endeudamiento de los productores de arroz, quienes no podrán cumplir con sus compromisos crediticios con la banca pública y privada o con el sector comercial. Aseguró que el productor está de «manos atadas» porque lo único que tiene seguro es el precio de Bs. 2.5 por kilo de arroz paddy que percibe de la agroindustria, el cual no alcanza para pagar servicios, la siembra ni la fertilización del cultivo.
«Esto conllevará a que caiga la producción, lo que sería catastrófico luego de que por dos años consecutivos habíamos dado un paso adelante, aun cuando no llegáramos a los altos niveles de 2007», apuntó.
Resaltó que el sector solicitó que el monto del rubro a nivel del sector primario se aumentara a Bs. 8.57 por kilo, “tal como lo expresan las estructuras de costos que fueron debatidas por los diferentes productores”. Indicó que ese precio “permitiría un margen de rentabilidad de 30% -según lo contempla la Ley de Costos y Precios-, ya que los gastos productivos se han elevado por la escasez de insumos, repuestos, inflación, aumento de la mano de obra y devaluación, entre otros”.
Emen
Gabriela Iribarren
