Como un «antecedente terrible» para los Derechos Humanos calificó el exmagistrado de la Corte de Apelaciones de Caracas, Jesús Ollarves, la detención ilegal de la que fue víctima Alejandro Silva, director de Giras del gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, el sábado pasado.
«Lo ocurrido con este joven revela que esta práctica terrible usada en las décadas de los 60 y 70, a raíz de la cual se produjeron detenciones arbitrarias de personas que mantenían posiciones contrarias a los grupos que detentaban el poder, sigue estando presente en los cuerpos policiales», afirmó el experto penalista, quien recordó que la Constitución, en su artículo 44, solo permite que una persona sea privada de su libertad mediante una orden judicial o si es capturada in fraganti cometiendo un delito.
En febrero pasado el país vio como se instalaba la Comisión por la Justicia y la Verdad, instancia creada por una ley con el propósito de castigar los abusos y violaciones a los Derechos Humanos cometidos entre 1958 y 1998, entre ellos las detenciones ilegales y arbitrarias; y procurar que «nunca más se repitan estos delitos de lesa humanidad y otras violaciones contra los Derechos Humanos».
En la madrugada del sábado Silva, quien se encontraba durmiendo en un hotel del este de Caracas, fue obligado por un grupo de funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) a acompañarlos y ninguno le mostró una orden judicial. Durante varias horas permaneció en la sede del organismo de seguridad.
Horas antes el presidente Nicolás Maduro anunció que había ordenado detener a dos miembros de partidos opositores, por presuntamente estar planificando hechos violentos; y aunque prometió pruebas ninguna ha sido suministrada.
Mal augurio
Por su parte, el coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, alertó que este caso es «un anuncio de lo que está por venir debido al creciente autoritarismo del Gobierno» y pronosticó que en el futuro podrían correr la misma suerte no solo opositores, sino dirigentes del chavismo críticos y sindicales.
El activista pro Derechos Humanos no sólo criticó las actuaciones del mandatario, quien ordenó la detención; de la DIM y del Ministerio Público, sino «el silencio cómplice» de la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, de la que dijo que «muestra su voluntad de tolerar estos abusos».
Tanto Alvarado como Ollarves le salieron al paso a las explicaciones dadas por las autoridades en las últimas horas, según las cuales el colaborador de Capriles no fue detenido sino «invitado a declarar».
«A nadie lo invitan a declarar a la una de la mañana. Eso fue una detención ilegal, aunque ella no haya implicado cárcel, porque no necesariamente toda detención implica cárcel. Si a ti te impide la policía salir de tu casa aunque sea durante unos minutos eso es una detención», afirmó el coordinador de Provea, mientras el exmagistrado agregó: «Si en realidad las autoridades lo invitaron a declarar lo correcto hubiera sido que la Fiscalía o el organismo policial lo citara previamente y por escrito y que lo llamaran a concurrir a una hora normal, no entre gallos y medianoche».
Fuente: El Universal
