El 10 de enero el presidente Nicolás Maduro, un día después de que la Asamblea Nacional le declarara el abandono del cargo, juramentó el Comando Nacional Antigolpe para “enfrentar las pretensiones golpistas de la derecha local e internacional y castigar todos los intentos para desestabilizar a Venezuela”. Al frente de la instancia designó al vicepresidente, Tareck el Aissami. Representantes de ONG rechazan esta medida.
Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, afirmó que el objetivo no es “preservar la paz y la estabilidad del país”, como aseguró el mandatario, sino desarrollar un estructura que le dé legalidad a la violencia y al amedrentamiento. “Las actuaciones del comando desde su instalación se desarrollan bajo el mismo esquema de años anteriores como 2014, cuando se registraron protestas antigubernamentales”, dijo.
Advirtió que el número de presos políticos se ha incrementado 100% durante el gobierno de Maduro y que en 2016 hubo un repunte de la persecución. “Ahora arrecia el hostigamiento y hay más amenaza de captura contra disidentes, que son cada vez más por el aumento de la desaprobación a la gestión del gobierno”.
Rocío San Miguel, presidente de Control Ciudadano, señaló que el comando actúa de forma ilegal porque su creación y funcionamiento no han sido publicados en Gaceta Oficial. Destacó que solo se conocen sus integrantes: además de El Aissami están la vicepresidente de Soberanía Política Seguridad y Paz, Carmen Meléndez; la canciller Delcy Rodríguez y los ministros de la Defensa, Vladimir Padrino López; y de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol.
Cuestionó que se haga propaganda televisiva de las operaciones que realiza, como ocurrió con la detención del diputado de Voluntad Popular Gilber Caro. “Este tipo de propaganda está prohibido por la ley. Además, el Comando Antigolpe no es un organismo de seguridad del Estado”.
Agregó que las recientes detenciones están vinculadas con la llegada de El Aissami a la Vicepresidencia. “Con el control del Comando Antigolpe y del Sebin por El Aissami, hay un recrudecimiento del terrorismo de Estado. Esto ya lo aplicó cuando fue ministro del Interior e interceptó cuentas y utilizó información de las personas para amedrentarlas. Esta es una segunda fase de ese terrorismo. Oficialmente se ha declarado una guerra no convencional contra la oposición”, sostuvo.
La abogada manifestó que cada vez que el gobierno siente que puede perder el poder, haya o no elecciones, recurre a patrones represivos cuyo primer blanco es la disidencia, pero que tienen como fin aplicar la guerra psicológica y la intimidación contra la población civil.
“Estos mecanismos del gobierno contra los ciudadanos se vieron en 2004 con la Lista Tascón. Los Círculos Bolivarianos fueron una forma de violencia articulada y subordinada a la dirección política para ejecutar acciones contra los opositores. En 2014 aumentó la represión tras la ola de protestas. Hay una instrumentalización del poder del Estado contra ciudadanos mediante el control social. Ahora estamos en un momento existencial para el gobierno, pese a que pudo sortear el temporal del revocatorio, actúa en medio del conflicto que se vive. Este tipo de violencia ha sido probada en otros países”, indicó.
Añadió que los ataques en estos escenarios suelen ser, en primer lugar, contra los generadores de opinión y quienes ejercen funciones en espacios críticos en medio de la crisis como políticos, defensores de derechos humanos y periodistas. Advirtió que las consecuencias de esta persecución pueden ser muy graves y alcanzar mayores niveles de agresión.
El castigo. Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, señaló que Maduro busca afianzar su régimen dictatorial mediante la intimidación y el castigo contra quienes se revelen a su proyecto de país. Atribuyó las recientes detenciones contra dirigentes de Voluntad Popular y Primero Justicia, ejecutadas por el Comando Antigolpe, a una estrategia diseñada para enviar un mensaje a quienes tengan la intención de salir a protestar. “El país se enfrenta a una escalada represiva de un gobierno dictatorial que busca consolidarse”, apuntó.
El defensor de derechos humanos afirmó que los indicadores económicos y sociales apuntan a que 2017 será un año de gran conflictividad y el Ejecutivo se prepara para enfrentarlo y neutralizar protestas. Alertó que los cuerpos de seguridad del Estado responderán con toda fuerza, aunque eso represente una violación del Estado de Derecho.
“Según los analistas económicos, este año los venezolanos sufrirán los embates de la inflación. Por eso los meses que están por venir serán de mucha conflictividad y desde ya el gobierno se blinda, enfrentando de manera opresiva a todo aquel que pueda representar una amenaza. Lo que quiere es crear un muro de contención contra la protesta. Maduro ha tomado nota e intenta ejecutar medidas para disuadir acciones como las que vimos en Ciudad Bolívar”, dijo.
De acuerdo con Uzcátegui, el gobierno considera que si la revolución bolivariana logra sobrevivir este año, 2018 será mucho más tranquilo porque se espera que se estabilice la economía, que es el principal generador de descontento colectivo.
Acusados de terroristas
Ayatola Núñez
El concejal de Maracaibo por Primero Justicia, Jorge Luis González, fue presentado ante tribunales y acusado formalmente por 3 delitos de terrorismo: porte ilícito de arma de guerra, tráfico de municiones y detentación de objetos incendiarios.
El diputado Avilio Troconis (PJ), calificó de descabellados esos señalamiento y desmintió al ministro de Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol, quien acusó a varios dirigentes de esa organización de intentar boicotear el acto de bienvenida del ex gobernador Manuel Rosales al Zulia.
A la activista internacional de Voluntad Popular, y novia del diputado Gilbert Caro, el tribunal 6º de Control en Carabobo le ordenó que continúe detenida por los delitos de sustracción de efectos militares y rebelión. La diputada Olivia Lozano, expresó que la joven se encontraba en el país visitando a su familia y apoyándolos con medicamentos y alimentos.
Por otra parte, denunció que el parlamentario Caro continúa desaparecido. Calificó de secuestro que permanezca detenido y se desconozca su paradero. Sobre los dirigentes de VP-Bolívar, Roniel Farías e Irwing Roca Lozano señaló que fueron llevados a la sede regional del CICPC y continúan privados de libertad sin una acusación formal.
Amnistía Internacional condenó ayer las recientes detenciones de dirigentes opositores y lo califica como una «cacería de brujas». Erika Guevara, directora para las Américas rechaza la utilización de argumentos conspirativos para justificar las detenciones irregulares.
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