Las organizaciones expresaron su rechazo a la política de criminalización, estigmatización, persecución y judicialización contra actores vinculados a organizaciones políticas. Los organismos firmantes señalaron que estas detenciones constituyen un grave precedente que podría afectar el desarrollo de la campaña electoral. Exigieron al Estado «el respeto a la vida e integridad de los tres ciudadanos detenidos arbitrariamente»
Un total de 31 organizaciones dijeron este martes que las recientes detenciones de tres personas en el estado Portuguesa son «actos de persecución y represión» que «incumplen lo establecido en el acuerdo de Barbados», pacto firmado entre el gobierno de Venezuela y la coalición opositora mayoritaria, Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
En un comunicado conjunto, las organizaciones expresaron su rechazo a la política de criminalización, estigmatización, persecución y judicialización contra actores vinculados a organizaciones políticas. Se refirieron específicamente a las detenciones de Óscar Castañeda, Víctor Castillo y Ámbar Márquez, quienes fueron arrestados sin orden judicial por presuntos funcionarios del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) durante una visita de la líder opositora María Corina Machado a Portuguesa para apoyar la candidatura de Edmundo González Urrutia, candidato de la PUD para las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Los organismos firmantes señalaron que estas detenciones constituyen un grave precedente que podría afectar el desarrollo de la campaña electoral y los derechos de elegir y ser elegidos de la población venezolana. Recordaron que el acuerdo de Barbados busca promover un discurso público y un clima político y social favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo, así como garantizar la seguridad y libertad de circulación y reunión para todos los candidatos en todo el territorio nacional.
Exigieron al Estado «el respeto a la vida e integridad de los tres ciudadanos detenidos arbitrariamente», así como «el respeto a su derecho a la defensa y debido proceso, que incluye que puedan designar abogados de su confianza».
Pidieron «el cese inmediato de la política de criminalización, persecución y judicialización contra actores de la sociedad civil y organizaciones políticas democráticas que se encuentran promoviendo sus campañas electorales».
Entre los firmantes, que incluyen organizaciones sociales y de derechos humanos, están Acceso a la Justicia, Alianza de Familiares y Víctimas en Venezuela y Observatorio de Violencias LGBTIQ+.
VF
