El 1 de octubre de 2025 se conoció la renuncia de Patricia Tappatá Valdez y Francisco Cox Vial a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela (MIIDHV), con efecto al 31 de octubre. Ambas decisiones obedecen al debilitamiento operativo del mecanismo por serias limitaciones presupuestarias que comprometen su funcionamiento y sostenibilidad.
Estas dimisiones, que se producen poco después de la presentación del informe correspondiente al ciclo septiembre de 2024-agosto de 2025, ponen en evidencia la fragilidad de los mecanismos internacionales de rendición de cuentas y su dependencia de recursos financieros y administrativos adecuados. La MIIDHV, que queda temporalmente con una sola integrante —su presidenta, Marta Valiñas—, enfrenta dificultades para mantener el ritmo y la profundidad de sus investigaciones, vitales para documentar violaciones graves de derechos humanos en el país.
Un mandato esencial para las víctimas
Creada en 2019 por la resolución 42/25 del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la MIIDHV tiene el mandato de investigar violaciones graves de derechos humanos cometidas en Venezuela desde 2014, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual o de género.
Durante 6 años y cuatro mandatos, la MIIDHV ha sido una fuente crucial de documentación independiente sobre las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela.
En un país donde el sistema judicial carece de independencia y las víctimas no encuentran recursos efectivos internos, la MIIDHV se ha convertido en una herramienta indispensable para la preservación de evidencias y la construcción de la verdad sobre los crímenes cometidos.
Su trabajo ha contribuido a fortalecer los procesos ante la Corte Penal Internacional (CPI), ofreciendo un marco analítico y probatorio que complementa la actuación de la Fiscalía en el caso Venezuela I.
La continuidad y el fortalecimiento de la MIIDHV son, por tanto, esenciales para la justicia internacional y para las víctimas venezolanas, cuyo acceso a la verdad y a la reparación depende en gran medida del trabajo independiente de este tipo de mecanismos.
El impacto del déficit presupuestario y la responsabilidad institucional
El informe de 2025 de la MIIDHV advierte que la investigación se ha visto seriamente afectada por la crisis financiera de la ONU, que también ha alcanzado a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), encargada de proporcionar apoyo administrativo y logístico a la MIIDHV.
De los 11 puestos asignados a la MIIDHV, solo 8 fueron ocupados, y apenas 3 se mantuvieron activos durante todo el año. En varios períodos, solo un investigador estuvo en funciones; la asesora de género trabajó por 3 meses; la asesora legal por 5; y el oficial de reporte apenas 4. Esta precariedad estructural ha reducido drásticamente la capacidad de la Misión para recopilar, verificar y analizar pruebas, así como el volumen de su trabajo.
La situación refleja deficiencias de gestión en la asignación de recursos por parte de la Secretaría General y en particular la OACNUDH, que no ha logrado garantizar los apoyos mínimos necesarios para que la MIIDHV cumpla su mandato con independencia y eficacia. En este contexto, las renuncias de Tappatá y Cox deben entenderse no solo como un síntoma de desgaste personal, sino como una alerta institucional sobre la sostenibilidad del sistema internacional de investigación de crímenes graves.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
El debilitamiento de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela representa una victoria indirecta para la impunidad. Sin un respaldo financiero y político sostenido, el mecanismo podría ver comprometida su credibilidad y su capacidad de incidencia.
Por ello, corresponde a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos y a OACNUDH adoptar medidas inmediatas para asegurarle los recursos necesarios y garantizarle un entorno de trabajo estable. De lo contrario, los avances alcanzados en materia de documentación sobre la situación de Venezuela y la búsqueda de justicia podrían verse erosionados.
