Por considerar que «el apresurado» proceso de designación no garantiza «condiciones de legalidad, oportunidad y transparencia», la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales rechazaron que la saliente Asamblea Nacional pretenda designar a 13 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) antes de disolverse el 4 de enero próximo.
«Es deber de los integrantes de la actual AN respetar la voluntad expresada en la elección legislativa del día 6 de diciembre. Es, por tanto, su deber republicano abstenerse inmediatamente de tomar decisiones sobre asuntos públicos, para los cuales la voluntad popular ha elegido a los integrantes de la nueva AN, a menos que se trate de asuntos rutinarios o simplemente formales», apuntaron los académicos en un comunicado difundido ayer, en el cual aseveraron que «la designación de nuevos magistrados debe ser hecha por la nueva AN que resultó electa en las elecciones del 6 de diciembre».
La instancia asesora del Parlamento, en su escrito, recordó que las vacantes abiertas en el máximo juzgado, las cuales la actual mayoría oficialista pretende cubrir, han podido ser producto de las presiones que recibieron los magistrados que decidieron anticipar su retiro un año.
En octubre pasado 13 magistrados designados en 2004 y cuyo período vence en diciembre de 2016 solicitaron su jubilación. Esto ocurrió dos semanas después de que el Parlamento anunciara un nuevo proceso de elección de miembros del TSJ, el segundo en menos de un año.
Tras recordar que los lapsos previstos en la Ley del TSJ no permiten que los nombramientos se den antes de terminar el año, como desde la Presidencia de la AN anunciaron que desean realizar, la instancia presidida por Eugenio Hernández-Bretón sentenció que «una elección apresurada de magistrados (…) realizada por una mayoría transitoria de diputados con sus períodos a punto de fenecer, realizada mediante un procedimiento que no garantice ‘una selección y elección pública, objetiva, transparente e imparcial de los candidatos’, sería violatoria del orden constitucional».
Desde que el martes fuera publicada la lista de 387 candidatos se abrió un lapso de 15 días para que los ciudadanos presenten impugnaciones, luego los objetados tendrán ocho días para responder a esos cuestionamientos; y después la lista debería ser analizada por el Consejo Moral, el cual debe presentar la lista definitiva que analizarán los legisladores. Todo esto demora más de un mes.
El Universal
