A juicio del consultor jurídico de la Asamblea Nacional, José María Casal, el amparo constitucional presentado por la Procuraduría General de la República (PGR), actuando en representación del Ejecutivo, busca bloquear global o sistemáticamente al Poder Legislativo Nacional.
El jurista, durante la rueda de prensa ofrecida en las afueras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), explicó que este martes revisó el escrito consignado por la PGR. «Se trata de un escrito que se califica así mismo como un amparo constitucional. Es muy difícil, desde el punto de vista técnico, calificarlo como tal porque un amparo es interpuesto por una persona que se considera agraviada en sus derechos humanos»- dijo.
A su juicio, el documento consignado por el organismo que representa judicialmente los intereses de la República «apunta más bien en la dirección de alguna usurpación de funciones que hubiera podido cometerse. Es más un documento político que trata de construir una versión según la cual la AN se abría conducido desde su instalación en la dirección de bloquear sistemáticamente la actuación del Poder Ejecutivo Nacional»- explicó Casal.
El especialista estima que según el relato del amparo solicitado, el Ejecutivo Nacional se encuentra desarmado, desde el punto de vista de sus facultades constitucionales, y sin capacidad de ejercer sus funciones de gobierno. «Y eso está totalmente alejado de la realidad», indicó.
Advirtió que, desde su instalación el pasado 5 de enero, la AN no ha podido actuar o ejercer sus funciones legislativas. Agregó que el Parlamento ni siquiera ha podido ver promulgada las leyes sancionadas.
«Ni siquiera la única que ha sido declara constitucional, la Ley de Bono para Alimentos y Medicinas a Pensionados y Jubilados, ha podido ser promulgada porque la Sala Constitucional ha creado un limbo», explicó Casal.
Informó que el escrito de la PGR menciona la facultad de control de la AN. En ese sentido, explicó que -en la práctica- ésta también ha sido virtualmente suspendida porque después de hacer algunos intentos de realizar comparecencias, en marzo el TSJ dejó en suspenso la práctica con una sentencia.
«Pusieron toda clase de condiciones y se redujo el ámbito del control parlamentario cercenando significativamente los poderes de investigación del Parlamento. Por eso no ha sido posible que la AN siga llevando adelante sus funciones de control»-puntualizó Casal.
Indicó que el escrito también señala a la AN de manejar las relaciones internacionales y, por ende, de usurpar las facultades del Ejecutivo Nacional.
«Y eso no es cierto. El Legislativo no está pretendiendo representar los intereses de la República. La directiva de la AN solamente envió una comunicación al secretario general de la OEA pidiendo evaluar unos argumentos y considerar la posibilidad de ejercer las atribuciones que tiene para convocar al Consejo Permanente y revisar la situación de Venezuela en el marco de la Carta Interamericana Democrática».
Casal estima que la solicitud de la procuraduría es sumamente peligrosa y que debe verse con suma cautela, porque -si se toman en serio los planteamientos que allí se formulan- va en la dirección de un bloqueo global o sistemático de la AN.
«Es un petitorio completamente genérico que atenta contra el principio democrático, porque le pide a la sala adoptar cualquier tipo de acto que se considere necesario para detener la actuación de la AN en la dirección que el propio escrito construye, pero que no se corresponde con la realidad. Por otro lado, pide que se puedan tomar medidas para exhortar a la AN a respetar a otros poderes»-culminó afirmando el Consultor Jurídico de la AN.
Nota de Prensa
