El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, dijo este martes que tras conocer «punto por punto» el acta de energía con Brasil, que puso a su Gobierno contra las cuerdas, ordenó su anulación al no estar de acuerdo con sus términos.
«No, por eso lo mandé anular», respondió el presidente en sus primeras declaraciones a los medios tras esa crisis, tras ser preguntado en Radio Monumental si estaba de acuerdo con el acta de compra de energía a la gigante hidroeléctrica Itaipú, compartida por Brasil y Paraguay.
El escándalo del acta se saldó con las dimisiones de cinco altos cargos, entre ellos el ministro de Exteriores, Luis Alberto Castiglioni, y amenazó con el juicio político a Abdo Benítez y al vicepresidente, Hugo Velázquez, ambos del Partido Colorado.
Abdo Benítez relató a esa emisora que en las primeras fases de la negociación con la parte brasileña delegó en los técnicos y que él se limitó a asumir «la postura de Cancillería, que es la que estaba haciendo el análisis técnico».
«Yo estaba cumpliendo simplemente mi rol como presidente de la República haciendo la función política (…) poder concretizar y lo hacía de buena fe siguiendo las recomendaciones de Cancillería. Yo no hago un análisis técnico», recalcó.
El mandatario reconoció que comenzó a involucrarse en el debate técnico el pasado 28 de julio cuando ve que «hay ambigüedad en el acta», después de una convulsa semana en la que se conoció el contenido de ese documento, firmado en mayo en Brasilia y que suponía un aumento de compra de energía a Itaipú.
En este sentido, el presidente paraguayo recordó que todos los gobiernos anteriores han aumentado la compra de potencia de energía a la represa pero que hasta el momento «nunca fue un tema público».
El presidente recalcó que la intención de esa controvertida acta era cumplir con lo establecido en el Tratado de Itaipú de 1973, en el que se especifica que ambas partes deben presentar un cronograma de compra para poder sentarse a negociar de igual a igual en 2023, fecha de las renegociaciones del anexo C.
Insistió en que ya se ha ordenado una investigación sobre las posibles irregularidades que pudieron existir en la negociación y firma del acta, y pidió que «se investigue primeramente al presidente».
«No quiero que me pongan a mí como juez. Yo estoy siendo acusado por algo que considero absolutamente injusto», apuntó.
Asimismo, tuvo que retractarse por unas declaraciones que fueron muy criticadas, cuando afirmó en un discurso que Paraguay se comportaba como un país de «pillos», al defender que hasta entonces el país compraba energía excedente por encima de su contrato con Brasil.
«Yo no me referí al pueblo paraguayo, me referí en una metáfora (…). Tal vez me equivoqué, pero no voy a ofender al pueblo. Usé una metáfora para generar conciencia de construir un Paraguay serio», añadió.
El acta con Brasil fue denunciada por la oposición paraguaya como una cesión de la soberanía y criticada por su carácter secreto, ya que se firmó en mayo pero no se conoció hasta el mes pasado.
Su existencia fue revelada a la opinión pública con la dimisión del Pedro Ferreira, entonces presidente de la estatal eléctrica ANDE, que se había opuesto al acta.
El Partido Liberal, el mayor de la oposición, tiene previsto tramitar hoy una petición de juicio político contra Abdo Benítez y Velázquez en la Cámara de Diputados, si bien cuenta con pocas posibilidades de pasar al Senado ante la mayoría de legisladores del Partido Colorado.
Una parte del Partido Colorado enfrentada al sector de Abdo Benítez había apoyado el juicio político, pero la semana pasada retiró ese respaldo ante la anulación formal del acta por los gobiernos de Paraguay y Brasil.
EFE
