Los dirigentes de Vente Venezuela Henry Alviarez y Dignora Hernández cumplieron este jueves un año detenidos en El Helicoide, y el Ministerio Público reiteró que ambos suministraron recursos a terroristas.
En un comunicado el fiscal general Tarek William Saab refirió a ambos dirigentes y destacó que han sido acusados de los presuntos delitos de conspiración, legitimación de capitales y asociación. Subrayó que hace un año fue desmantelada la «operación mercenaria denominada Gran Alianza Territorial», que tenía como finalidad «producir acciones de calle para subvertir el orden establecido, coordinando y financiando el ingreso por Cúcuta (Colombia) de un grupo de terroristas para atentar contra Nicolás Maduro y altas autoridades del país».
Asimismo, indicó que tras la investigación desplegada para el «desmantelamiento» de esta operación, se estableció la «responsabilidad logística y operacional» de Alviarez y Hernández, a quienes señaló de suministrar a los «grupos terroristas» recursos para intentar «ataques simultáneos a instalaciones militares».
Saab afirmó que los opositores también buscaban generar «acciones callejeras» para la «desestabilización en el país para lograr la habilitación de su jefa, María Corina Machado», en las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado.
«Contra estas personas fueron recabadas contundentes evidencias que acreditan su responsabilidad, incluyendo delaciones de sus cómplices que narran las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que pretendían desarrollar las fases de esa fallida operación criminal», añadió.
Por esta razón, prosiguió, se encuentran detenidos y en fase de juicio por los presuntos delitos de conspiración, legitimación de capitales y asociación.
Apuntó que en el supuesto plan también están involucrados Magallí Meda, Pedro Urruchurtu, Humberto Villalobos y Omar González, quienes -agregó el funcionario- «al percatarse de la detención de sus cómplices Alviarez y Hernández, huyeron a la Embajada de Argentina», sede diplomática de un país que consideró «enemigo de la democracia y violador de los derechos humanos» y al que acusó de presuntamente participar «en la campaña de desestabilización de las instituciones venezolanas».
«El Ministerio Público reitera su compromiso con la justicia en estos casos en los que los autores de atroces hechos pretenden huir cobardemente para no ser procesados por su responsabilidad en acciones criminales».
