Más de 1.000 vehículos se desplazan a diario por la Intercomunal Alí Primera. Una aparente normalidad se respira en la vía que comunica a los municipios Carirubana y Los Taques de la Península de Paraguaná (Fal). En una de sus islas de cemento se levanta la efigie de Alí Primera, «el Cantor del Pueblo».
La misma tras la que hace tan solo un año, el 25 de agosto de 2012, se veía brotar el fuego de la explosión en la refinería de Amuay. Lo que es considerado por expertos como la peor tragedia en la industria petrolera venezolana: 42 fallecidos, cinco desaparecidos y más de 120 heridos, según cifras oficiales. De los muertos, 18 pertenecían a la Guardia Nacional Bolivariana.
Mientras los conductores siguen su camino, los transeúntes se detienen a observar la demolición de las edificaciones que le daban vida a las comunidades de La Pastora y Alí Primera y que estaban adyacentes a la zona de seguridad.
«Había panaderías, ventas de pollo, teníamos mucho movimiento y lo que quedó fue tumbado», dice Pedro Colina, un habitante de la zona.
Ahora solo hay un amasijo de cabillas y escombros sobre los paños de concretos y las cerámicas que recubrían locales comerciales y viviendas. Maquinaria pesada demuele las construcciones y viviendas, para evitar las invasiones. Se han presentado casos de individuos que han intentado forzar la entrada a casas o residencias desalojadas y luego se hacen pasar por afectados, aprovechándose de la situación para lograr una vivienda nueva.
La situación ha sido denunciada por uno de los diputados a la Asamblea Nacional, Jesús Montilla, quien además es el esposo de la gobernadora del estado Falcón, Stella Lugo.
Estas edificaciones se encuentran en las adyacencias de la zona de seguridad: una pared hecha con bloques de cemento, coronada por láminas de zinc pintadas de rojo, que se extiende 500 metros de punta a punta. Se espera que sea ampliada, al menos hasta alcanzar los dos kilómetros. «Aún hay personas en torno a la franja de seguridad», señala Montilla. De acuerdo al arqueo que han hecho, la cifra sobrepasa las 2 mil familias, que se encuentran a cuatro kilómetros del muro de Amuay. Las construcciones que estaban más cerca han sido demolidas. Sobre el peligro latente al que se enfrentan diariamente estas personas existe un hermetismo total. Solo una fuente, que prefiere no ser identificada, asegura que Pdvsa tiene sus propios controles y que con ellos se rigen.
Iván Freites, secretario de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), critica que la franja de seguridad haya sido acordonada con láminas de zinc, y a la fecha «ninguno de los tanques del lote 23, donde hubo la explosión ni los equipos que allí estaban, están operando. Para eso se llevará un largo tiempo».
Decisiones. Los propietarios de las edificaciones colindantes con la zona de seguridad tienen dos opciones: pueden escoger entre la compra de su casa por parte de Pdvsa o la reubicación en otra zona.
En el primer caso ya se han construido algunas viviendas en el sector de Jayana. Son de 64 metros cuadrados, tres habitaciones, dos baños, cocina, sala comedor y área de servicio. Además están equipadas con los enseres mínimos.
Mientras tanto, los propietarios de edificaciones que se encontraban en buen estado hoy enfrentan una disyuntiva. Quien construyó una residencia con bloques de concreto y techo de platabanda hasta de dos pisos se niega a mudarse a viviendas más pequeñas o apartamentos, aunque se los ofrezcan equipados.
El 25 de julio de este año, Yxel Reyes se fue por la segunda opción. Firmó junto a Pdvsa «el acta de compromiso», por medio de la cual la estatal petrolera se compromete, en un lapso «no mayor de dos años», a la reubicación. Reyes comenta que a pesar de no tener familia, la petrolera le reconoce las bienhechurías «que vibran cuando pasan los camiones de la compañía». Cuando los propietarios de casas reconstruidas deciden mudarse, cada uno de los casos es estudiado.
Entre los planes está que las familias que habitan en los límites de la franja de seguridad serán reubicadas totalmente en un año y que dicha franja puede ser ampliada para mayor seguridad en torno a la refinería.
Montilla también denuncia que algunas personas a las que se les asignó vivienda dejaron a otros ciudadanos en las casas desalojadas. Es decir, ahora tienen dos casas.
El diputado del Consejo Legislativo, Oscar García, señala que el Gobierno nacional y el regional, y el Consejo Legislativo, están en mora con el caso. Recuerda que durante el parlamento comunal en Los Taques, específicamente en Judibana, hubo muchas denuncias: «La sociedad civil presentó quejas sobre la manera como se entregaban casas a gente que no era damnificada, quedando los afectados por fuera».
A través de la Gran Misión Vivienda Venezuela han sido entregadas 738 viviendas para el beneficio de más de 2 mil 900 personas, y «todos los damnificados han sido reubicados», acota la gobernadora Lugo.
Sobre los actos conmemorativos no se ha hecho un anuncio oficial. Se sabe que la GNB hará una misa, aunque no se tienen mayores especificaciones y se espera la visita del ministro de Energía y Petróleo , Rafael Ramírez.
Verde de nuevo. Por su ubicación a menos de cuatro metros de la franja de seguridad, el sector Alí Primera fue uno de los que sufrieron mayores daños. Wendy Lugo, habitante y representante en el sector del Instituto de Cultura del Estado Falcón (Incudef), explica: «Me siento bien, pese a todo lo que pasamos. Fuimos las piernas y las manos que ayudaron a apaciguar todo el miedo y los traumas no solamente de los niños, sino de abuelos, de papás. Fue un compromiso asumido y a un año de la tragedia me siento satisfecha con la vida y con la oportunidad que Dios nos dio para continuar».
El área fue arborizada. Señala que se logró por la Misión Robinson y Pdvsa La Estancia, asegura que no han perdido contacto con los 104 niños de la zona que fueron reubicados. El mes pasado los recogieron en autobús para celebrar un reencuentro que los une, a pesar de las distancias que marcó la tragedia.
Fuente: El Mundo
