El teniente coronel del Ejército Igbert José Marín Chaparro, preso en los tenebrosos sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Boleíta, Caracas, lleva 25 días en huelga de hambre. Su vida peligra.
En un video que circula por las redes sociales hablan sus padres.
La madre, Nelis Chaparro de Marín, con las manos frente al pecho, dice: «Escuchen mi súplica de madre, no me lo dejen morir, por favor».
El padre, Igor Marín, militar retirado, con voz firme dice: “Ya basta de tanta injusticia hacia un oficial que ha dedicado su vida dignamente a Venezuela. Nuestra desesperación y angustia crece cada día en la medida en que su vida corre más peligro. Atiendan sus solicitudes y denle la libertad plena a él y a tantos militares y civiles privados de libertad por razones políticas. Venezuela necesita paz y nosotros necesitamos a nuestro hijo vivo».
La madre, suplica de nuevo: «Pedimos para él justicia, que sean escuchadas sus demandas que no son más que la defensa de sus derechos mínimos como ser humano y que cese el trato cruel hacia él y otros presos políticos».
Igbert José Marín Chaparro ―egresado en la promoción 1999 de la Academia Militar, donde obtuvo las más altas calificaciones en la historia de esa institución― está detenido desde 2018. Los cargos, siempre a mano de la injusticia del régimen, son: «traición a la patria, instigación a la rebelión y acciones contra el decoro militar».
La verdad es otra: el talante ético y la gallardía de Marín Chaparro son de temer por la cúpula militar.
El 2 de marzo de 2018 había sido convocado a una reunión en la Comandancia General del Ejército, con el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López; el comandante general del Ejército, Jesús Sánchez Chourio; y el director general de Contrainteligencia Militar, Iván Martínez Dala.
Marín Chaparro, comandante del batallón de infantería motorizada Juan Pablo Ayala, en el Complejo Militar de Fuerte Tiuna, expuso ante sus superiores la realidad de los cuarteles: incomodidad y descontento entre la tropa, golpeada por la crisis económica y la escasez de alimentos y medicinas, como reveló el portal Armando.info. Invitó a sus interlocutores a salir de la oficina y acercarse a los cuarteles.
El que salió de la oficina fue él, pero rumbo a esos sótanos de la DGCIM, un oscuro recinto donde no hay ley que valga.
Los familiares del teniente coronel han denunciado que le han aplicado asfixia mecánica, choques de electricidad y golpes en la cabeza. Además, se le ha mantenido incomunicado por largos períodos, sin derecho a recibir sol y tampoco atención médica.
La DGCIM ha negado en reiteradas oportunidades su traslado al Centro Nacional de Procesados Militares, conocido como Ramo Verde, en el estado Miranda, como lo ordenó el tribunal que lleva su caso.
Como ninguna acción o decisión pone fin a los tratos crueles, inhumanos y degradantes de los que es víctima, el militar de 44 años inició la huelga de hambre indefinida, con el aval de su vida, para reclamar que se cumplan tan solo la Constitución y las leyes.
Editorial de El Nacional
