El jueves pasado, un ganadero acudió a la sede de la Guardia Nacional Bolivariana en San Cristóbal para denunciar que había recibido llamadas en las que amenazaban con atentar contra su vida si no cancelaba 15.000 bolívares mediante transferencia a una cuenta bancaria que posteriormente le dirían.
Asustado, el hombre pidió asesoramiento a los militares. ¿Convendría pagar? Los funcionarios inmediatamente hicieron un rastreo de la llamada efectuada desde una línea Movilnet. La primera celda que abrió ya les resulta excesivamente familiar: “Se encuentra en el Internado Judicial de San Felipe”.
El chantaje fue abortado. Antes de irse, el ganadero de Cordero recibió un último consejo: “No atienda a personas desconocidas”.
La extorsión a través de medios telefónicos es un delito en auge. Las llamadas llegan no sólo a ganaderos tachirenses sino también a comerciantes de Baruta y de los Valles del Tuy. En la unidad contra la Extorsión y Secuestro de Polimiranda los reportes son constantes.
Desde el mes de julio la Guardia Nacional Bolivariana lleva una relación detallada de los números utilizados para extorsionar. Cifras extraoficiales indican que entre los meses de agosto y septiembre fueron recibidas 70 denuncias en las distintas unidades del componente militar. Un promedio cercano a 2 diarias.
De ellas, 65% ocurrió con llamadas realizadas desde el reclusorio de la capital de Yaracuy. Una instalación que no figura en el mapa de la violencia carcelaria.
El ex director del Cicpc, comisario general jubilado Miguel Dao, señaló que las llamadas con fines extorsivos fueron descubiertas por primera vez en 2004 y surgieron precisamente del Internado Judicial de San Felipe.
En esa ciudad son pocos los que caen actualmente en las trampas telefónicas de los presos. No obstante, recordó Dao, hace ocho años el dueño de un hotel optó por abandonar su negocio cuando recibió una llamada amenazante.
Esto ha ocasionado que los reclusos de esa instalación busquen víctimas en lugares como Acarigua y Barinas. El domingo 29 de septiembre, por ejemplo, un ama de casa de San Fernando de Apure denunció que un hombre de acento colombiano, que dijo ser comandante de la banda criminal Águilas Negras, le mataría a un familiar si no pagaba, cuanto antes, 50.000 bolívares. La llamada también fue realizada desde el penal de San Felipe.
Otras cárceles
Los registros extraoficiales de la GNB indican que las cárceles de San Antonio del Táchira, Los Llanos y Sabaneta también fueron epicentro de extorsión telefónica durante agosto y septiembre, aunque no en los niveles de la de San Felipe.
Desde Tocuyito, por ejemplo, el 28 de septiembre amenazaron a un comerciante de Barinas. Igualmente el 10 de septiembre desde la cárcel nacional de Maracaibo a un empresario de San Cristóbal.
Como aspecto curioso, ninguno de los 70 casos reportados tuvo su origen en un lugar distinto a una instalación penitenciaria. En otros términos, la extorsión telefónica se ha convertido en un delito ejercido por los presos casi con exclusividad.
Solamente en los casos conocidos, los delincuentes exigieron en total más de 2,9 millones de bolívares. Esta modalidad delictiva se ha extendido pues siempre hay personas que se apresuran a cancelar el dinero que les piden, según Dao.
“La falta de información hace que muchos caigan. De cada 50 llamadas, una termina pagando”, dijo.
Anteriormente los extorsionadores exigían que las víctimas pagaran la cuota con tarjetas telefónicas. En este momento solicitan efectivo o transferencias electrónicas.
La extorsión se ha organizado hasta un nivel en que los delincuentes tienen cómplices en el exterior, que prestan sus cuentas bancarias para recibir los fondos e igualmente hacen los cobros del dinero. El 28 de septiembre, funcionarios del GAES, en el Zulia, detuvieron a un menor de 16 años de edad cuando recogía en Puente Pomona 105.000 bolívares que dejó un comerciante al que llamaron para amenazar con matarle a un familiar si no pagaba. Luego apresaron al tío del adolescente, de 42 años de edad.
El auge de este delito fue analizado en una reunión efectuada en la Fiscalía Superior del Táchira durante el mes de agosto. La primera decisión que se tomó fue ordenar la desactivación de los números utilizados para amedrentar a la gente. También, concientizar a la población para que no le hagan el juego a los extorsionadores.
La anulación del número es un simple paliativo, según el consultor Fermín Mármol García. De igual forma cree que desde el punto de vista criminalístico sería muy complicado llegar al delincuente que hace las llamadas desde el interior de la prisión. Explicó que al percatarse de que lo investigan procederá de inmediato a destruir el aparato. Esta situación hace que el delito generalmente quede impune. Solamente se puede atacar mediante medidas preventivas.
Mármol afirmó que siempre es necesario que las personas hagan sus denuncias ante alguna autoridad. De esa forma, explicó, se tiene una noción más clara de los lugares donde se concentra esta actividad delictiva, así como los cambios que imprimen los delincuentes para hacerse más creíbles ante sus víctimas.
Agregó que en 95% de los casos las llamadas originadas desde las cárceles no tienen mayores consecuencias, pero advirtió que todos los casos deben ser analizados pues existe una pequeña posibilidad de que los extorsionadores cumplan sus amenazas.
En la GNB no sólo están solicitando la desactivación de las líneas, también recomiendan a las víctimas cambiar el número telefónico.
Herramientas tecnológicas
Durante el cierre del retén La Planta de El Paraíso, en mayo de 2012, María Iris Varela, ministra del Servicio Penitenciario, anunció que serían instalados inhibidores o bloqueadores de señales telefónicas en todos los reclusorios del país.
El proyecto no era nuevo. Para ese momento, la Secretaría de Seguridad del estado Zulia manejaba un documento que planteaba esencialmente lo mismo. La colocación de esta tecnología impediría el uso de teléfonos móviles y obligaría a presos y personal penitenciario a comunicarse por teléfonos convencionales, tal y como sucede en la mayoría de las prisiones del mundo.
Estos planes han sido aplicados con éxito en retenes de México y El Salvador, en las que los grupos delictivos también extorsionan a través de llamadas.
En Venezuela, según Miguel Dao, el plan no ha sido ejecutado debido a “disputas por el protagonismo” entre despachos del Gobierno central y las gobernaciones de Estado. Mientras tanto, el delito florece.
41.698 bolívares fue el promedio de pago exigido por los extorsionadores en los casos procesados entre agosto y septiembre. La mayoría exige efectivo. Otros, tarjetas telefónicas
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