La ausencia de los técnicos electorales de la oposición -y de los acompañantes internacionales de la Unasur- en la verificación ciudadana ampliada provoca que la revisión de los resultados de la elección presidencial recaiga sobre 60 estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV).
Desde ayer -día en que comenzó la auditoría- los bachilleres que cursan estudios en la UBV son los encargados de comprobar que no existan discrepancias significativas entre la intención del voto del elector plasmada en el comprobantes de votación, el acta de escrutinio impresa en la máquina de votación y los datos que se registraron en los centros nacionales de totalización (CTN1 y CTN2) luego de la transmisión de resultados el 14 de abril.
Los estudiantes de la UBV reemplazan como auditores externos al grupo de docentes de la Escuela de Computación de la UCV. Este grupo auditor estuvo conformado, entre otros, por los académicos: Eliecer Correa, Rafael Pastoriza, Ana Benaiges, Otilio Rojas, Sergio Rivas, Walter Hernández, Gladys Rondón, Jorge Manrique, Sergio Rivas, Walter Hernández, Karina Velázquez y Jaime Blanco.
El 18 de abril durante la Verificación Ciudadana Fase II realizada a una muestra de 0,5% de las mesas correspondió a este grupo de docentes (en su rol de auditores externos) comprobar que no existían discrepancias significativas entre actas y comprobantes de votos, certificar el estado del material electoral y realizar la revisión de la firma electrónica (hash) de la Aplicación Electoral a fin de verificar que era la correcta y no fue modificada.
Junto a los 60 estudiantes de la UBV estarán trabajando diariamente 15 técnicos acreditados por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), cinco representantes del candidato presidencial Eusebio Méndez (el 14 de abril obtuvo 19.497 votos que equivalen a 0,13% del total de sufragios) y cuatro representantes de la candidata Reina Sequera (capitalizó 4.241 votos que equivalen a 0,02%).
Según el protocolo acordado la semana pasada se tomará diariamente una muestra de 350 cajas obtenida del 46% de las mesas que teóricamente no fueron auditadas el 14 de Abril.
Al final del proceso -que durará un mes- el grupo habrá verificado un máximo de 10.500 mesas de votación, equivalentes a 26% del total de mesas de votación habilitadas para la elección presidencial.
Aunque el protocolo del CNE servirá para constatar que existe concordancia entre los datos de las máquinas, actas de escrutinio, cuadernos y comprobantes de voto; no servirá para comprobar si los electores que aparecen votando estaban facultados para ello. La revisión tampoco permitirá precisar si algún ciudadano sufragó en más de una ocasión o logró usurpar la identidad de otro ciudadano (vivo o fallecido).
Los técnicos de la oposición no acudieron a este proceso al argumentar que la auditoría aprobada por el CNE «no brinda adecuada respuesta a las diversas solicitudes presentadas (…) La auditoría requería la verificación de las actas de escrutinio, los comprobantes de voto, los cuadernos de votación, el archivo del Sistema de Autenticación Integrado, desglosado por huellas dactilares que coincidieron o no».
Fuente: EU
